El GOB ha exigido este martes explicaciones al conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, sobre el retraso en la aprobación del decreto de la posidonia ya que éste "no se puede seguir justificando alegando aspectos jurídicos o procedimentales".
Según ha recordado la entidad ecologista en un comunicado, tras haber pasado "por un largo procedimiento de consulta y debate público", al proyecto de decreto de protección de posidonia le faltaban los informes del Consejo Económico y Social (CES) y del Consell Consultiu (CC) antes de la aprobación definitiva por parte del Consell de Govern y, por tanto, fue remitido al CES el pasado 16 de marzo y éste emitió el dictamen correspondiente el 10 de abril.
"Después de esto, desconocemos la fecha en que el Govern remitió el texto al Consultiu, pero los plazos no justifican el retraso", ha apuntado el GOB, que recuerda que la normativa reguladora del Consell Consultiu de Baleares establece un plazo máximo de 40 días para la emisión de dictamen sobre las disposiciones reglamentarias que le remita el Ejecutivo balear. Aún así, según añaden, el plazo se puede reducir a 15 días habilidosos si la presidenta del Govern lo reclama por motivos de urgencia.
Por ello, este martes, cuando se cumplen tres meses desde que el CES emitió su dictamen, el GOB ha censurado que se haya "duplicado el plazo" y ha hecho hincapié en que, si la petición se hubiera hecho por la vía de urgencia, se podría haber contado con el dictamen del Consultiu a principios de mayo.
El decreto de protección de la posidonia daría cumplimiento a uno de los 'Acords pel canvi' firmados al inicio de la legislatura por los partidos que conforman el Govern y los que le apoyan. Aún así, el GOB insiste en que "éste es el tercer verano de esta legislatura, y el decreto del que tanto se ha hablado sigue pendiente". "Es evidente que las trabas para su aprobación van más allá del ámbito estrictamente procedimental", indican.
Finalmente, la entidad se ha preguntado si este decreto es realmente una prioridad para la Conselleria de Medio Ambiente y para el Ejecutivo de Francina Armengol.