El Ayuntamiento de Sant Antoni tiene que pagar una deuda que supera el millón de euros y que viene derivada de una sentencia que condena al Consistorio a abonar, por una parte, unas modificaciones del proyecto inicial del ambulatorio del municipio y, por otra, los intereses de demora en el pago de la construcción del centro que alcanzan los 300.000 euros.
Esta situación hizo que en el pleno celebrado ayer se aprobara, con la abstención del Partido Popular, una modificación presupuestaria para poder hacer frente a la deuda que, según dijeron tanto el equipo de gobierno como la oposición, correspondería al Govern balear.
Según explicó Fran Tienda, concejal de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento «en su momento» hizo un convenio con el Govern para la construcción de este edificio y asumió competencias en cuanto a la licitación de las obras.; algo que, en palabras del concejal, no es competencia del Consistorio.
«Esto supuso un problema hacia el Ayuntamiento porque hubo que hacer una serie de mejoras que no estaban en el proyecto inicial, además de generar impagos por pago tardío por parte del Govern. Ahora la Justicia ha dicho que pague el Ayuntamiento», matizó Tienda.
En este sentido, se mostró crítico con que el anterior equipo de gobierno asumiera competencias «no propias» como la construcción de este centro de salud (con más de un millón de deuda) o la construcción de un centro de primaria «cuya sentencia también ha recaído ahora y es de 30.000 euros».
Lo cierto es que la sentencia es firme y el Ayuntamiento abonará la cantidad demandada por la empresa constructora con dinero municipal. «Había ciertas partidas, como la construcción de unas plazas, que estaban presupuestadas dentro del presupuesto municipal que se van a pagar con el dinero del convenio que firmó el Ayuntamiento con el Consell d'Eivissa», apuntó Tienda.
Por su parte, los populares propusieron que, ante la situación actual, «el Ayuntamiento repita con otra demanda al Govern o negocie políticamente porque no tiene que pagar por una obra en la que no tiene competencias».
Sin embargo, Pep Tur ‘Cires', alcalde del municipio, señaló que «no será fácil» y es que, desde el primer momento que cayó la primera sentencia, ha estado en contacto «directo» con el Govern.
Así, Tienda argumentó que la defensa que pueden hacer como Consistorio en estos casos es «decir que las competencias no son nuestras, que la construcción se hizo a través de un convenio y que el que tiene que pagar es el Govern».
Asimismo, el concejal de Economía y Hacienda recordó que, en toda la legislatura, «hemos estado pagando una serie de cuestiones de años atrás que han supuesto modificaciones del presupuesto y un esfuerzo económico extra».
REIB
Por otra parte, los concejales del PP y del PI unieron sus fuerzas para pedir al Govern balear que llegue a un acuerdo con el Gobierno central sobre el Régimen Especial de les Illes Balears (REIB) con el objetivo de que los costes de insularidad sean debidamente compensados para que las empresas de Balears puedan «competir» en igualdad de condiciones.
Así, todas las formaciones votaron a favor del punto número dos de la moción, concretamente el que solicitaba que este nuevo REIB entre en vigor el 1 de enero de 2019. En cambio, en el resto de puntos los concejales socialistas y de Reinicia votaron en contra, lo que no impidió que El PI se sumara a la posición de los populares y la moción saliera adelante tal y como la había presentado el PP.
«Es una moción partidista y demagógica en la que están intentando sacar rédito político de un tema que han tenido en manos durante ocho años», criticó Tienda.
Urbanismo
También se aprobó la propuesta popular sobre el desbroce de los laterales de las carreteras municipales en la que el PP pedía que se terminasen los trabajos en 15 días. Por su parte, el concejal de Medi Ambient, Pablo Valdés, pidió no ser tan estricto y que permitiesen hacerlo en el «mínimo tiempo posible» porque la empresa que lo está llevando a cabo es nueva y «de los errores se aprende». Propuesta aceptada por los populares.
Por otra parte, el grupo municipal popular presentó una moción de carácter general relacionada con el departamento de Urbanismo del Consistorio.
En esta línea, acusaron al tripartito de hablar de soluciones que «no han llegado». Según explicó Pepe Sala, se ha impedido la suspensión de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo y, con la aprobación de la Ley de Urbanismo, se ha impedido que se siguiera con la tramitación de las normas subsidiarias lo que «supone perjuicios mayores».
Acusó también al departamento de la «tardanza» a la hora de conceder licencias algo que, a su juicio, no favorece el emprendimiento.
Cristina Ribas, concejala de Urbanismo, negó que tardasen en dar licencias y justificó que se están tramitando algunas de 2017. Además, y aunque la falta de personal en Urbanismo es notoria, dijo que se prevé aumentar la plantilla próximamente con la contratación de un celador, un aparejador y dos arquitectos.