Los sobrecostes de las autovías de Ibiza mencionados en las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria fijadas por los partidos de izquierda hace poco más de un año no acaban de cuadrar con los que la Justicia determina.
El Tribunal Supremo ha condenado al Govern balear a pagar 1,9 millones de euros a la concesionaria de la autovía entre Vila y Sant Antoni, Ibisan Sociedad Concesionaria, por una factura sobre la liquidación del tráfico real de 2008 basada en la resolución del exconseller socialista de Obres Públiques Jaume Carbonero, quien poco antes de las elecciones autonómicas de 2011 y estando en funciones modificó el criterio de pago a las concesionarias contando el número total de coches sin tener en cuenta el máximo establecido en los pliegos.
Una resolución que provocaba un sobrecoste de alrededor de 86 millones de euros, que fue denunciada por el Govern de Bauzá en la legislatura siguiente y los tribunales consideraron «lesiva» para los intereses económicos de la Comunitat.
Inicialmente, la reclamación presentada por la concesionaria de la autovía fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears pero ahora el Supremo le ha dado la razón y el Govern balear tendrá que pagar 1,9 millones más los intereses de demora.
«El de las carreteras de Ibiza es un caso flagrante de muy mala gestión de los recursos públicos y hemos visto cómo lo han querido disfrazar de todo, lanzar balones fuera y, al final, lo que queda son los sobrecostes derivados de decisiones irresponsables del Pacte en la legislatura 2007–2011», asegura el presidente del Partido Popular de Ibiza, José Vicente Marí Bosó.
El líder de los populares en Ibiza califica de «circo» la comisión de investigación parlamentaria sobre las autovías llevada a cabo esta legislatura y asegura que «aunque exista esta doble vara de medir y se diga que el PP mató a Manolete, lo único que hay son decisiones imprudentes y lesivas para los intereses de los ciudadanos baleares en materia de carreteras y por las expropiaciones derivadas de la ley 4/2008 que cargan sobre las espaldas de los ciudadanos». Marí Bosó añade que «resulta increíble que el conseller Marc Pons, la señora Armengol y el señor Morrás vayan dando lecciones».
Expropiaciones
Marí Bosó también se refirió a las millonarias indemnizaciones que el Govern tiene que hacer frente a raíz de la desclasificación de terrenos urbanizables originadas por la ley 4/2008, durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich como presidente del Govern. «Hay que ser exigentes con los políticos que nos engañan, porque parten de la base de que los interesados se cansarán de recurrir y no pagaremos indemnizaciones; esto es engañar a los ciudadanos. Sería bueno que estos políticos explicaran cuáles serían los costes de expropiar, porque esto nunca lo dicen y luego vienen los pagos estratosféricos y los problemas», apunta el presidente del PP ibicenco.
Las «trampas» de Pons
Sobre las cuentas que el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, del coste de las autovías de 400 millones, Marí Bosó asegura que «hace trampas, está mintiendo. La de Sant Antoni se adjudicó por 93 millones de euros y la del aeropuerto, por 66 millones. El hecho de aplazar el pago a 25 años tiene un coste de interés, pero no sólo se adjudicó la construcción sino la explotación, la renovación y el mantenimiento».