La junta de personal de Sant Antoni matizó ayer a través de un comunicado el anuncio que hizo público la semana pasada el Consistorio en el que expresó que el Ayuntamiento había acordado con los representantes sindicales de los trabajadores una subida salarial del 1,5% del valor de las nóminas con efecto retroactivo de enero a junio. Sobre esto, la punta de personal aclaró que esta subida salarial no es fruto de la negociación del Ayuntamiento con los sindicatos sino del Gobierno central con los sindicatos mayoritarios a nivel nacional. «El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany no ha acordado con los representantes sindicales de los trabajadores una subida salarial del valor de las nóminas. La subida del 1,5% desde enero y del 1,75% desde julio, así como el aumento del 0.30% de fondos adicionales, son el resultado del acuerdo llevado a cabo desde el Gobierno Central con los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF) que ha sido incluido en los Presupuestos Generales del Estado (BOE 04/07/18), siendo este acuerdo aplicable a la totalidad de funcionarios del país. Aún con esta subida, los funcionarios siguen sin recuperar los recortes de salario sufridos durante la crisis», expresaron a través del comunicado. Sí que reconocieron que con el aumento del 0,30%, «los funcionarios incrementarán su productividad anual en 100 euros, pero no es cierto que se recupere con esta medida el 100% de lo contemplado en el pacto de funcionarios que quedó congelado en 2011 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria».
En este sentido, destacaron que la recuperación «cien por cien» de las retribuciones en caso de incapacidad temporal del personal de las Administraciones Públicas «también es el resultado de este acuerdo central entre Gobierno central y sindicatos. En el caso de Sant Antoni, ya en la anterior legislatura, en el 2012 se acordó que en el momento que se dejaran sin efecto las disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta medida entraría nuevamente en vigor. Dicha medida supone un mínimo coste para la Corporación, pero representa una gran mejora para el personal de la administración», precisaron.
Oferta de empleo público
En cuanto a la plazas contempladas en la oferta de empleo público de 2017 «a día de hoy tan sólo se han llevado a cabo los correspondientes procedimientos de consolidación de las plazas de la Policía Local y las restantes siguen sin ser cubiertas en propiedad. Por tanto, siguen sin solucionar el problema de estabilidad de la plantilla del Ayuntamiento». Sobre la situación del departamento de Urbanisme, la junta de personal considera «especialmente inquietante que el que el equipo de gobierno no haya sacado a concurso en propiedad la plaza de arquitecto/a contemplada en la Oferta de Empleo Público de 2017. Al contrario, su intención es cubrirla próximamente con personal interino, contribuyendo de nuevo a la inestabilidad del departamento de Urbanismo. Hay que tener muy presente que ya han pasado por el departamento dos arquitectas interinas en tres años y actualmente la plaza no está cubierta».
Relación de puestos de trabajo
La junta de personal quiso ayer desmentir, además, que se haya reactivado la negociación de la relación de puestos de trabajo (RPT) «ya que para ello es primordial que el Consistorio facilite la información sobre la actual RPT, así como la que quedó pendiente de aprobación, a los nuevos miembros de la Junta de Personal que tomaron cargo en noviembre de 2017», algo que, según expresaron, no ha sucedido: «El equipo de gobierno ha decidido faltar a sus obligaciones legales no facilitando la relación de puestos de trabajo que la junta de personal ha solicitado formalmente hasta en cuatro ocasiones desde enero de este año». Así, la junta de personal sólo conoce que existe un informe negativo, del cual desconocen el contenido, del antiguo interventor y que se está a la espera de un nuevo informe. «Se hace evidente, por tanto, que no se han iniciado nuevamente las negociaciones que el equipo de gobierno anunció en su comunicado.
Horas extra
La junta de personal también expresó que «la decisión unilateral» sobre el nuevo sistema de compensación de horas extra «ha conllevado a un incremento notable en el gasto destinado a este asunto, quedando sin solucionar la falta de personal efectiva que históricamente sufre el Ayuntamiento». También señalaron que es «falso» que la liquidación de la deuda histórica contraída con la Policía Local entre 2006 y 2010 se haya solucionado mediante acuerdo de Mesa, puesto que fue producto de una resolución judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo obligó al Ayuntamiento a pagar dicha deuda, y a día de hoy todavía se está a la espera del cobro de los intereses de demora de la misma».
También destacaron que el haber destinado el 93,3% de la tasa de reposición de 2016 y 2017 «sólo a la consolidación de la plantilla policial ha dado lugar a la falta de personal en diferentes áreas del Ayuntamiento creando así un problema estructural de plantilla y generando una sobrecarga de trabajo que conlleva la imposibilidad de dar a la ciudadanía un servicio público adecuado». Sobre la adquisición de nuevos vehículos, «si bien la junta de personal advirtió en su momento sobre la falta de recursos para la Policía Local fue decisión del equipo de gobierno la cantidad y el tipo de vehículos que se compraron. Actualmente, la falta de efectivos policiales y la organización de éstos imposibilita el uso de los nuevos vehículos».
«La junta de personal del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany vela, ahora y siempre, por el bienestar de todo el personal de la Corporación, el cual, pese a los recortes, tanto salariales como de beneficios sociales, unido a soportar una excesiva carga de trabajo, sigue dedicando todo su esfuerzo a trabajar para el pueblo y sus ciudadanos», concluyeron desde la junta de personal.