El grupo de Facebook ‘Soluciones legales para todos, Ibiza afectados con los alquileres' hizo ayer un registro de entrada en el Consell d'Eivissa para denunciar la gestión del departamento de Turismo.
Así, Naihara Cardona, presidenta de la Asociación ‘Soluciones legales para todos' (que aún está en construcción), criticó que no se haya expuesto públicamente la memoria de los gastos e ingresos del departamento en 2018.
Asimismo, Cardona aclaró que «siendo el alquiler turístico ilegal una actividad en crecimiento constante, no se entiende cómo no se agotan las partidas presupuestadas por este concepto».
Y es que, en referencia a las partidas de ordenación turística, el Consell ahorró un 52,37% en 2016 y un 78,46 en 2018, «aunque puede que queden gastos por publicar al no haber finalizado el año».
Impunidad
La presidenta de la Asociación se ha propuesto acabar con la problemática y cada día hace llegar al Consell casos de alquiler turístico ilegal, entre otras cosas.
En este sentido, ha rastreado los anuncios de Airbnb para la semana del 28 d agosto al 3 de septiembre en los cinco municipios de la isla. En su estudio ha encontrado 4.875 anuncios publicados en la plataforma, sin sumar los que ya están alquilados y no aparecen.
En Eivissa hay 1.415 ofertas; 481 en Sant Antoni; 1.438 en Sant Josep; 1.187 en Santa Eulària y 354 en Sant Joan de Labritja. Todas ellas suman un total de 27.759 plazas.
Aunque bien es cierto que estos datos no demuestran que todas sean ilegales, hay casos concretos que permiten sospecharlo.
Por poner uno, bajo el nombre de usuario ‘Stefanno' se alquilan nueve viviendas diferentes repartidas entre Ibiza y Platja d'en Bossa; estando prohibida la comercialización de estancias turísticas en viviendas en Eivissa (también en Santa Eulària).
Otro caso es el de ‘Pascal', quien alquila siete viviendas repartidas entre La Marina, Dalt Vila y Marina Botafoch.
Por ello, Cardona pide que se tenga en cuenta el escrito presentado con toda la documentación facilitada para «sancionar las actividades ilícitas en materia de turismo que se puedan estar llevando a cabo en los inmuebles facilitados».
En segundo lugar, que se «incoe» expediente sancionador para los propietarios y comercializadores de los inmuebles.
Por último, exige que se interponga demanda contra Airbnb por incumplimiento reiterado de la normativa balear, «permitiendo que se publiciten como turísticas viviendas que no cumplen los requisitos para serlo de acuerdo con la normativa vigente».