El Consell d'Eivissa, la dirección insular de la Administración del Estado y los ayuntamientos de la isla mantuvieron ayer una reunión técnica con el sector turístico y del taxi para abordar la problemática del intrusismo en el transporte por carretera.
Serafín Costa, portavoz de la agrupación de Taxistas Élite Corsaris, dijo que se habló de «lo mismo de siempre». Aún así, reconoció que hay voluntad por parte de las instituciones de regular la situación que vive el sector del taxi ya que «lo que antes consideraban una falta administrativa, ahora podría ser penal porque el transporte ilegal conlleva más cosas como droga o prostitución».
En este sentido, Ramón Roca, director insular del Estado, precisó que en el caso de que se detecten problemas asociados al transporte ilegal «se trabajará como hasta ahora con la Policía y Guardia Civil y, en caso de ser necesario, se actuará dentro de la Ley con la Inspección de Hacienda».
Asimismo, explicó que aunque se ha reducido el intrusismo en el aeropuerto gracias a la presencia policial, «se ha incrementado en otras zonas como en establecimientos de ocio y en sus aparcamientos, además de en los establecimientos hoteleros».
Por ello, han decidido incorporar un Código de Buenas Prácticas en el sector turístico para lograr un mejor ocio; un código que intenta luchar contra el intrusismo profesional. «Se trata de un documento muy práctico porque le dice al establecimiento lo que puede hacer para mejorar la situación, pero también le sirve como elemento de formación para sus empleados», subrayó Roca.
Y es que, según dijo, en muchas ocasiones las malas prácticas están ligadas a comportamientos individuales de los trabajadores.
Por su parte, Pepa Marí, consellera de Territorio y Movilidad, explicó que el objetivo es colaborar «activamente» entre instituciones y empresarios para erradicar el intrusismo. «Igual que en el aeropuerto hemos puesto señales para que busquen taxis legales, queremos trabajar más a fondo con las empresas hoteleras y de ocio».
Reglamento GPS único
El portavoz de Unió Pitiusa del Taxi, Joan Marí, argumentó que para solucionar el problema del intrusismo es necesario regular el funcionamiento del servicio del taxi en la isla. «El Consell se comprometió el año pasado a hacer un reglamento insular de GPS y seguimos sin tenerlo», criticó.
En esta línea, dijo que desde el Consell dicen que es competencia de los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no lo aprueban; «si no lo aprueban los ayuntamientos, el Consell dice que no puede hacer nada».
Sin embargo, Marí afirmó que se está trabajando en obtener esta regulación y, aunque aún no se ha aprobado por parte de los ayuntamientos, «esperamos que se haga a final de temporada para ponerlo en práctica cuanto antes».
Este reglamento conseguiría que todos los taxistas de los diferentes municipios utilizasen el mismo servicio único con una tecnología que permite la geolocalización de los vehículos y que incrementaría un 10% el número de servicio, recordaron desde el Consell.
Marí matizó, también, que se han llevado a cabo diferentes medidas como incrementar el número de taxis estacionales en los meses de verano, además de mejorar la efectividad de las inspecciones. Unas declaraciones desmentidas por el portavoz de Unió Pitiusa del Taxi, quien criticó que «cuantas más licencias estacionales hay, más transporte ilegal hay. Deberían pensar por qué pasa esto».
Más seguridad
Tras la reunión, Alejandro Cardell, presidente de la Federación Insular del Taxi, subrayó la importancia de reforzar la presencia policial en aquellos puntos de mayor afluencia de gente.
Y es que, según Élite Corsaris, «hay más taxis legales, pero también el doble de taxis ‘pirata' que el año pasado». Se refirió así a sitios concretos como el aeropuerto, la avenida Bartomeu Roselló en horas punta, las discotecas Ushuaia y Hard Rock cuando a media noche desalojan a más de 5.000 personas de la fiesta, Pachá, Amnesia y Privilege.
Asimismo, la agrupación de taxistas criticó que haya profesionales que no quieran realizar trayectos cortos, entre otras cosas. «Se empezó a trabajar en noviembre en un reglamento sancionador por si nos negábamos a hacer nuestro trabajo, pero está guardado en el cajón».