El pleno del Consell Insular de Ibiza aprobó ayer en un pleno extraordinario, que duró poco más de cinco minutos, el pago a la empresa SE Carburos Metálicos de 82 facturas, que suman un total de 92.007 euros, por el suministro de oxígeno medicinal a la residencia asistida Cas Serres.
El informe de intervención que motiva el pago establece que se había hecho un contrato verbal entre el jefe de negociado de la residencia y la empresa suministradora para recibir este producto. El propio responsable de gestión hacía constar al organismo autor del informe que el producto se había entregado correctamente y daba el visto bueno a las facturas.
Dado que no se había fiscalizado este contrato, el propio informe indicaba que era necesario que se aprobara en pleno este gasto para ejecutar el pago. De no ejecutarse supondría incurrir en «enriquecimiento indebido» por parte del Consell.
La no fiscalización fue debida a que no se renovó el contrato de suministro, que debió actualizarse el año pasado. El acuerdo de adjudicación y su posterior publicación es de principio de septiembre de 2013, cuando se adjudicó un contrato de dos años prorrogable otros dos.
Retrasos
Desde la bancada del Grupo Popular, su portavoz, Mariano Juan, echó en cara al equipo de gobierno el hecho de que no se hubiera renovado en tiempo y forma el contrato, motivo por el que justificó la abstención de su grupo.
Recalcó que por supuesto que era necesario el pago «si se ha prestado un servicio que es imprescindible", dado que «la empresa no tiene culpa» de que no se haya hecho un contrato de la forma adecuada. Sin embargo pidieron explicaciones de «por qué hace más de un año que se está suministrando este oxígeno sin ningún tipo de contrato, y por qué no se ha hecho este contrato en este año y pico desde que venció la prórroga del contrato anterior».
Una situación que evidenciaba un retraso en la tramitación de un contrato «que debía haber estado listo a tiempo» de forma que se hubiera evitado que la empresa suministradora haya tenido que cobrar con un año de retraso fruto de un pleno extraordinario.
A ello contestó el conseller de Economía y Hacienda, Gonzalo Juan, que el departamento de Bienestar Social llevó a contratación a principios del mes de marzo el contrato. Ese mismo mes, el día 9, entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Debido a retrasos administrativos la aprobación del nuevo contrato no llegó a tiempo durante la aplicación de la ley anterior, cuyos requisitos se habían seguido en este trámite.
El procedimiento del contrato tuvo que volverse a iniciar de nuevo, a solicitud del Consell Executiu, para cumplir con las exigencias de la nueva Ley. El nuevo contrato todavía está en trámite.