El departamento de Turismo del Consell Insular de Ibiza ha tramitado hasta el mes de septiembre 325 diligencias previas por infracciones de la Ley de Turismo de las Illes Balears, de las cuales 150 fueron contra oferta de alojamiento turístico no inscrito. Estas últimas son 10 más que en todo el año 2016 y 16 menos que el año pasado.
Unas cifras que valora positivamente desde la dirección general de Turismo su titular, Vicent Torres ‘Benet', dado que «hay mucho trabajo todavía, que no ha acabado en una diligencia previa, pero el trabajo está allí», y la actividad de inspección se realiza a lo largo de todo el año, por lo que se prevé que a final de año se mantenga la línea ascendente.
Si bien se considera que la plantilla de inspección y de tramitación de expedientes, integrada por seis inspectores y cuatro técnicos administrativos, es todavía insuficiente, los pasos legislativos y de colaboración entre administraciones que se están dando propician la mejora de números año tras año, según Turismo. Unos pasos entre los que se destacan la Ley 6/2017, que modificaba la Ley de Turismo; las modificaciones que se introdujeron con la Ley 6/2018, conocida como ‘Ley escoba'; y el protocolo de colaboración entre inspectores turísticos y Policía Local que se acordó en el Consell de Alcaldes el pasado febrero.
Por una parte, la normativa vigente ha recogido de forma clara lo que es un alojamiento turístico no reglado, y con la última modificación legal permite un mayor control sobre la oferta de esta clase de inmuebles al sancionarse su oferta o publicidad en plataformas de alquiler sin la correspondiente autorización de actividad. Además, el hecho de que la competencia de imponer sanciones se haya puesto en manos de los consells insulars agiliza la tramitación de los expedientes.
Respecto al protocolo con ayuntamientos, ha permitido una mayor efectividad de las campañas de inspección. Los inspectores se encontraban anteriormente con la dificultad de no poder comprobar si se estaba infringiendo la normativa, dado que en muchos casos directamente no se les abría la puerta de los domicilios a inspeccionar. La presencia policial, según indican, parece abrir más puertas y disponer a los inquilinos a una mayor colaboración.
Trabajo de instrucción
Indican sin embargo desde Turismo que, si bien el trabajo de campo es importante, también lo es todo el trabajo administrativo que hay detrás. «No es ver una sanción e iniciar una diligencia, además hay un trabajo de investigación y posterior de instrucción», aclaran desde el Consell. Algunos expedientes llevan más de uno e incluso dos años hasta que se llega a una resolución.
Es por ello por lo que se decidió este año modificar una plaza vacante de inspector por una de técnico de administración dado que se vio que hacía falta refuerzo en instrucción. «Una cosa va ligada a la otra. Estamos esperando a ver si hay posibilidad de incrementar plantillas, porque realmente el servicio de inspección y el servicio de instrucción necesitan incrementar plantillas».
Hasta el pasado 11 de septiembre se habían abierto 52 expedientes sancionadores, de los que todavía no hay dato del importe recaudado por sanción. Sin embargo, adelantaron que ya es superior al del año pasado, teniendo en cuenta que en 2018 se han resuelto varios expedientes de años anteriores. La Ley 39/2015 permite un descuento del 40% sobre el importe sancionado si el expedientado se allana a la sanción impuesta, algo que acorta plazos y hace que el total sea variable. En 2017 se impusieron 36 sanciones que supusieron un total de 30.000 euros por sanciones leves, 213.000 euros por sanciones graves y 50.000 euros por sanciones muy graves.
Denuncias ciudadanas
Otro elemento a tener en cuenta en estos datos es la mayor efectividad del correo electrónico habilitado el año pasado para que cualquier ciudadano pueda denunciar posibles alquileres turísticos.
Desde Turismo se informa que los resultados han sido mucho mejores que en la campaña anterior, dado que se han encontrado menos denuncias falsas. El primer año del correo, según indican, sirvió un poco como «caza de brujas». Un modo de denunciar a vecinos molestos.
Este año se ha hecho un mejor uso de esta herramienta por parte de los ciudadanos, de forma que se ha podido hacer un mapa con zonas en las que hay una ratio más alto de pisos de alquiler turístico irregular.
Así mismo informaron de que, si bien las denuncias son anónimas, cualquier ciudadano puede identificarse y solicitar el seguimiento de los casos que plantea a través del correo.