El pleno de Sant Antoni aprobó ayer el convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Sant Josep para la licitación y ejecución del ‘Proyecto de ordenación de la costa de la bahía de Portmany, desde Port des Torrent hasta Cala Gració'. Lo hizo con la abstención del PP que aseguró que «íbamos a votar a favor, pero viendo lo que pasó ayer en Sant Josep nos abstenemos».
Y es que el mismo convenio fue presentado en el pleno de Sant Josep el jueves, pero todos los grupos de la oposición se abstuvieron de la votación por no ser un acuerdo «consensuado».
En este sentido, Pep Tur ‘Cires', alcalde de Sant Antoni, justificó la situación diciendo que se trata de una «falta de entendimiento» que «se resolverá en el próximo pleno». Según dijo, no es viable que el Consistorio ‘josepí' no lo apruebe cuando se trata de una mejora que juega a favor de residentes y turistas.
Asimismo, el primer edil matizó que «no contemplamos que Sant Josep no lo apruebe y se rechacen los 15 millones de euros que vendrán de otras instituciones para remodelar la bahía». También recordó que el 50% del coste de la obra lo asumirá el Govern balear, el 25% el Consell d'Eivissa y el 25% restante se dividirá «proporcionalmente» entre Sant Josep y Sant Antoni.
En total, el proyecto prevé una inversión de 20 millones de euros, en cuatro años, para dotar de continuidad a toda la costa con la creación de un paseo y un carril bici, la renovación de las infraestructuras de saneamiento, la rehabilitación y ampliación de los muelles existentes. Además, contempla un sendero para peatones, jardineras y carril bici.
‘Gas de la risa'
Por otra parte, equipo de gobierno y oposición acordaron una declaración institucional para instar al Govern balear a modificar la Ley 4/2005 de Drogodependencia y que incluya en el apartado de droga al óxido nitroso, comúnmente conocido como ‘gas de la risa'.
Cabe recordar que en el anterior pleno se aprobó una modificación de la ordenanza de Convivencia para poder prohibir su consumo en la vía pública.
Las sanciones por consumo o por incitar al consumo en vía pública van desde los 750 a los 1.500 euros de considerarse graves y de 1.500 a 3.000 euros si la incitación o el consumo afecta a menores de edad.
La publicidad de este producto también será considerado infracción.
Ayudas para el alquiler
Sin embargo, la moción y propuesta de acuerdo para la creación de ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes no contó con el apoyo del Partido Popular a pesar de considerarla «positiva».
Según explicaron, los requisitos que se piden para solicitar estas ayudas, como ser menor de 35 años, «son una copia de otras administraciones». En esta línea, los populares pidieron hacer una comisión de trabajo para profundizar en el tema y ajustar los requisitos a la realidad del municipio.
Una propuesta que fue aceptada por el equipo de gobierno.