Los pensionistas se han convertido en uno de los colectivos sociales más movilizados. Este fin de semana, en el conjunto del territorio español, volverán a salir a la calle para que el Gobierno de Pedro Sánchez garantice unas pensiones dignas por ley e insistirán en su defensa de una pensión mínima de 1.080 euros, pese a que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, advirtió el pasado lunes a jubilados y pensionistas que el Gobierno no se puede comprometer a aprobar una pensión mínima de 1.080 euros al mes, como tampoco puede subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.200 euros.
Otra de las reivindicaciones principales del colectivo es vincular las pensiones al IPC real, asunto sobre el que la comisión del Pacto de Toledo cerró un preacuerdo el 26 de septiembre, en el que recomienda este mecanismo de revalorización anual, aunque es el Gobierno el que tendrá la última palabra. «Es un paso adelante pero evidentemente no podemos confiarnos completamente hasta que el preacuerdo no se plasme en ley.
Queremos un compromiso real, no promesas», aseguró Francisco Cruz, presidente de la Asociación de controladores de accesos y agentes de seguridad privada de Balears (Acaaib) y uno de los promotores de la protesta que tendrá lugar este viernes a partir de las 19 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.
En caso de salir adelante, el acuerdo echaría por tierra la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Pese al preacuerdo anunciado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido ambiguo con el tipo de acuerdo al que se vaya a llegar con las pensiones, lo que ha generado desconfianza en el colectivo de pensionistas. Nadia Calviño, ministra de Economía, aseguró el pasado martes en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea que el Ejecutivo socialista se oponía a vincular las pensiones solo al IPC por ley y que había que fijarse también en variables demográficas, el empleo, el sistema normativo, los años de cotización, etcétera; mientras que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, respaldó este martes el acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo, que es el mismo que el PSOE defendió en la oposición.
«El servicio público de las pensiones es viable y debe estar garantizado por ley», insistió Cruz, quien ha denunciado también que la plataforma Basta Ya, de la que se ha desvinculado pese a ser fundador, estaría siendo instrumentalizada por un partido político. «No puede ser que una asociación esté politizada hasta tal punto que esté haciendo concentraciones con un partido político. Cada uno tiene su ideología, pero lo que no se puede emplear es un movimiento de pensionistas en favor de un partido», lamentó.
Asimismo, Cruz alertó de que las grandes empresas, entre ellos los bancos, son quienes «dominan realmente la economía», y que el hecho de se degraden las pensiones públicas mientras se promueven sistemas de pensiones privados «no beneficia a la sociedad civil, sino a ellos». Finalmente, explicó que se reunirían con PIMEEF para conocer qué opinan y si quieren sumarse o no las reivindicaciones, ya que si a un pensionista no le llega con su pensión ello «tiene relación también con el trabajo y los salarios».