La Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (Avat), estima que en Ibiza hay el mismo número, o superior, de plazas turísticas en viviendas vacacionales legales e ilegales, según indicó el presidente de Avat, José Antonio Llano. La cifra de plazas de alquiler vacacional legales, fijada por la Comisión de Ordenación Turística del Consell de Eivissa, es de 20.500 plazas, por lo que estaríamos hablando de por lo menos ese número de plazas sin regularizar.
Para la estimación de esta cifra se basa tanto del análisis de las plataformas de alquiler como de los datos de llegada de viajeros a la isla. Explica que sólo hay que «echar un vistazo» a las plataformas digitales de alquiler para ver que la mitad de las viviendas que aparecen no están regladas, dado que las que lo están aportan su número de registro. Además también argumenta que el número de turistas que vienen a la isla es superior por muchos miles al número de plazas legales existentes.
La asociación organiza entre el jueves y el viernes el IV Congreso de Vivienda Turística Vacacional de Ibiza , en el que se analizará el «panorama del alojamiento en viviendas en la isla», entre otros temas.
Desde la asociación se considera que las instituciones no tienen suficientes medios para perseguir la gran cantidad de viviendas turísticas en situación irregular. El Consell «nunca va a llegar a controlar el volumen de casas fuera de la legalidad. Y no sólo hablo de pisos, sino de viviendas unifamiliares que no están registradas», valora Llano. Es por ello que consideran que debería facilitarse «el acceso a las nuevas viviendas que quieran entrar en el sector».
Es por ello que la asociación no está de acuerdo con la bolsa de plazas de alquiler vacacional que se creó el pasado mes de mayo con cero plazas disponibles. Indican que si no hay medios para perseguir a estas viviendas y no se les permite entrar en la legalidad «se seguirá igual».
«Son viviendas que ni están registradas, ni pagan impuestos, ni se sabe quien se aloja en ellas», explica Llano, por lo que existe un intrusismo que perjudica a la administración y al sector.
Si bien indica que es necesario que exista una regulación y un límite al número de plazas turísticas en la isla, valora que la bolsa de plazas en viviendas de alquiler turístico debería aumentarse en al menos 7.000 u 8.000 plazas para facilitar el flujo de viviendas ilegales que puedan llegar a regularizarse.