El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur Cires, ya advertía al principio del pleno extraordinario, celebrado ayer en el Consistorio portmanyí, que la mayoría ya estaba con la mente puesta en el último punto del orden del día: la adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento. Ese apartado, y la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2019 fueron el centro de la discusión ayer. Ambos se aprobaron, y a ambos votó en contra el grupo Popular.
El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Tienda, se encargó de explicar el proyecto de presupuestos para el año 2019. El documento recoge que el ayuntamiento dispondrá de 26,98 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia del municipio, un 5,19% más que el año pasado.
El concejal quiso destacar la subida en el capítulo de inversiones de 4,3 a 5,9 millones de euros y el hecho de que el ayuntamiento está desde este año libre de deuda. Las áreas a las que se destina un mayor presupuesto son: residuos, con 5,5 millones de euros; seguridad y orden público, a la que se destinan 4,2 millones de euros y vías públicas, a la que se destina algo más de 2 millones de euros. «Son las tres áreas principales para este equipo de gobierno, lo fueron desde el primer día y lo siguen siendo ahora» apuntó Tienda.
Por su parte el grupo Popular lamentó que no se les hubiese escuchado para «hacer ninguna aportación», algo que consideraron «habitual» a lo largo de la legislatura. Además planteó sus dudas respecto a la efectividad de este presupuesto, del que auguraron que «se acabarán cambiando partidas para pagar otras cosas y no hacer nada que repercuta en los ciudadanos, y dejar en papel mojado los presupuestos».
Desde el equipo de gobierno defendieron estar abiertos a recibir propuestas, pero no haber visto «interés en aportar» por parte del grupo Popular. A lo que los populares contestaron que se habían hecho propuestas en el Pleno, pero ninguna se había reflejado en el presupuesto.
El alcalde quiso explicar el concurso de adjudicación del servicio de agua y saneamiento antes de votar la adjudicación del mismo. Lo hizo con idea didáctica pero también por las polémicas que habían surgido durante el proceso.
El servicio se adjudicará a Facsa por los próximos 25 años. El consistorio recibirá un canon inicial de 12 millones de euros, y el pago anual del 20% de lo que se facture en el municipio. Los ingresos previstos durante los próximos 25 años es de 38,6 millones de euros.
Cires pidió el voto a favor de la oposición y alertó de las posibles impugnaciones judiciales por parte de las empresas, dada la magnitud de este contrato.
Desde el grupo Popular se criticaron los retrasos y gastos «inútiles» que había generado la creación de una mancomunidad con Eivissa para licitar conjuntamente el servicio de agua, e insistieron en la falta de consenso en este procedimiento con la oposición. Justificaron con ello su voto negativo. «Este equipo de gobierno tiene la mayoría suficiente para aprobar este punto, por tanto es su responsabilidad», sentenciaron.