La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, decretó ayer una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión para una vecina de la isla que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa por ofrecer y cobrar el alquiler de un apartamento en Santa Eulària que no era de su propiedad.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre febrero y abril de 2017, meses en los que la acusada ofreció a través de facebook el alquiler de un apartamento localizado en el edificio Manila, en es Canar, una vivienda que no era de su propiedad y por la que cobró fraudulentamente más de 3.400 euros.
El juicio estaba señalado para la jornada de ayer pero la acusada no compareció a pesar de que horas antes había aceptado el acuerdo de conformidad planteado entre el Ministerio Fiscal y su representante legal.
Orden de ingreso en prisión
La magistrada ordenó la detención e ingreso en prisión de la encausada para garantizar que el juicio se celebre el próximo 27 de mayo, día en que se ha señalado la vista. Fuentes judiciales apuntaron que la mujer tiene pendiente otra orden de búsqueda y captura dictada por el juzgado de lo Penal número 2 Ibiza.
Según el relato de los hechos, la mujer estafó a una decena de personas cantidades que oscilaban entre los 200 y los 900 euros en concepto de reserva, dinero que no ha restituido y que la Fiscalía le reclama en concepto de indemnización.
La acusada ofrecía el apartamento en redes sociales e inició su cadena de engaños cobrando 300 euros en concepto de reserva a un hombre que le transfirió esa cantidad el 14 de brero de 2017.
Entre las víctimas hay dos parejas que además de transferirle 700 y 850 euros, reclaman otros 144 y 900 euros, las cantidades que tuvieron que abonar para buscar un alojamiento alternativo en Ibiza tras darse cuenta de que habían sido víctimas de una estafa.
El Ministerio Fiscal señala que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita una pena de tres años y medio de prisión y una batería de indemnizaciones que asciende a 3.344,40 euros.