La Alianza Mar Blava ha mostrado de nuevo su «decepción» por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de prorrogar la explotación de hidrocarburos en la plataforma Casablanca, frente a las costas de Tarragona.
Según ha informado la entidad, están estudiando «de manera muy detallada» la posibilidad de presentar un recurso judicial ante esta «equivocada» decisión del Gobierno. «Esto no favorece la transición hacia un modelo descarbonizado», han afirmado, asegurando que la prórroga ha sido concedida sin someterla a la «obligada» evaluación de impacto medioambiental.
En relación a 2018, Mar Blava ha remarcado que «al fin» lograron, después de varios intentos, que el Congreso pueda tramitar la Proposición de Ley para la protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.
Según han recordado, se trata de una iniciativa de Mar Blava aprobada en el Parlament balear en 2017 y pendiente ahora de la toma en consideración en el Congreso nacional.
La Alianza ha explicado que han mantenido conservaciones para que, de manera urgente, se ponga fecha al debate y todos los grupos le den prioridad. «Es un tema importantísimo en este año», han insistido.
REPASO AL MEDSALT-2
Por otra parte, desde Mar Blava han vuelto a lamentar que en 2018 se reactivara la tramitación del proyecto MedSalt-2, logrando presentar 47.759 alegaciones de ciudadanos.
«Hubo una gran movilización ciudadana e institucional contra el proyecto. Hay un informe negativo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que dice que este proyecto no se puede hacer por su impacto contra la fauna», han reiterado, añadiendo que el promotor «está vinculado con la industria petrolera, diga lo que diga, aunque disfrace el proyecto con apariencia científica».
Mar Blava ha reconocido que no estarán «tranquilos» hasta que aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el archivo del proyecto MedSalt, que «no tiene muchas posibilidades de salir adelante».
En la parte positiva, han recordado el archivo de las solicitudes de seis permisos de investigación de hidrocarburos en el Golfo de León, cuya superficie de actuación prevista se solapaba con la del Corredor de Migración de Cetáceos.