El devastador incendio que la madrugada del lunes arrasó dos plantas del juzgado de Isidor Macabich y afectó a buena parte del edificio deja un horizonte negro y pleno de incertidumbre, que requiere medidas y soluciones de urgencia, ya que todo apunta a que la vida útil del edificio de Isidor Macabich se ha acabado.
Tras la orden de desalojo acordada el martes por Vila y Justicia, ayer por la mañana se precintó el edificio hasta nuevo aviso y poco después, a mediodía, el TSJIB pedía la suspensión de actuaciones y plazos, «salvo en los de asuntos urgentes y violencia de género en Ibiza».
Según informaba el órgano en un comunicado, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) «ha constatado la inutilización funcional del edificio de los Juzgados de Ibiza, calcinado por el incendio declarado la madrugada del lunes, así como la imposibilidad material de mantener -con carácter general y por el momento- la actividad jurisdiccional».
Los miembros de la Sala de Gobierno adoptaron esta decisión tras ver los acuerdos de las correspondientes Juntas sectoriales de jueces y del Juez Decano y el informe elaborado por la Secretaría de Gobierno del TSJIB.
Los miembros han planteado a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la inhabilitación general de las actuaciones y la suspensión -por el momento indefinida- de todos los plazos procesales desde el pasado día 21 de enero de 2019.
Excepciones
Dentro de la suspensión se barajan varias excepciones, como las actuaciones que lleven a cabo el Juzgado de Instrucción de Ibiza en funciones de guardia y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo de Ibiza.
También quedan excluidas actuaciones que los Juzgados de Instrucción, de lo Penal o del Juzgado de Violencia sobre la Mujer habiliten en las causas de su competencia con carácter formal, expreso y previa notificación a las partes y a cualquier interesado.
Los miembros de la Sala de Gobierno solicitan además al CGPJ la correspondiente evaluación de riesgos en relación a las actividades de recuperación de documentación y enseres y, en su caso, la adecuada en orden a la reimplantación total o parcial de la actividad jurisdiccional en el edificio afectado, si fuese en algún momento decidida por el Ministerio de Justicia.