El Partido Popular considera que la Ley de medidas de protección de la bahía de Sant Antoni, que está previsto que se debata hoy en el Parlament, no se corresponde con lo que se acordó por unanimidad en el Pleno del municipio portmanyí y no es coherente con la legalidad vigente. Es por ese motivo que el grupo Popular ha planteado que se solicite un dictamen del Consell Consultiu previo al debate y votación del texto.
Indican que la modificación que se hará de la consideración del puerto, que pasará de la categoría A (puertos comerciales con uso y tráfico integral) a la categoría C (puerto deportivo, pesquero o mixto), limita el uso del puerto para el transporte de pasajeros y no solo al tráfico de vehículos y mercancías como se había acordado en el órgano municipal por unanimidad.
También cuestionan la posibilidad de limitar la entrada de vehículos si se permite la de personas, dado que la Ley de Ports de les Illes Balears incluye en los servicios portuarios básicos la «carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje», y la Ley de ordenación del transporte marítimo define los transportes de pasajeros como «los destinados principalmente al transporte de personas y, en su caso, sus equipajes y vehículos de uso particular».
En la solicitud de dictamen al Consell Consultiu plantea la posibilidad de que la restricción del tráfico marítimo comercial y de pasajeros pueda dar lugar «a la responsabilidad patrimonial de la Administración en favor de las empresas navieras», debido a la pérdida de beneficios conforme a sus expectativas de actividad en este puerto.
El candidato a la alcaldía de Sant Antoni por el PP, Marcos Serra, valoraba ayer que el texto que se pretende aprobar «da la espalda a lo que se había aprobado por acuerdo con el equipo de Gobierno» por unanimidad. Conminó al candidato socialista, Simón Planells, a que se pronunciara respecto a este texto que no cumplía con la intención del Pleno de que se mantuviera el transporte de viajeros y se fomentase la llegada de cruceros.
Por su parte la diputada balear del grupo Popular, Sara Ramón, puso en cuestión «la urgencia y el cambio de criterio», que deja a Ibiza con «una sola puerta» para el transporte marítimo. El también diputado, Miguel Jerez, apuntó que se trataba de una Ley que se tramitaba con «absoluta deslealtad» con respecto a la voluntad que expresó el Pleno de Sant Antoni, e indicó que se habían planteado desde el grupo Popular varias enmiendas en ese sentido que habían sido rechazadas.
El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur ‘Cires', cuestionado por este asunto, indicó que la intención del texto era «dar cumplimiento a lo acordado en Pleno», y que se limitaba la entrada de coches y mercancías, no la de pasajeros. Valoró además que el PP «cambia de criterio de un día para otro» cuando bloquea la aprobación de una Ley a la que dio apoyo en Pleno.