Los comerciantes de Sant Antoni respiraban ayer más tranquilos, al menos por el momento. La votación de la Ley de Medidas de Protección de la Bahía, prevista en el orden del día del Pleno del Parlament balear celebrado este martes fue aplazada para buscar consenso. «Estamos contentos de que se haya aplazado y lo estaríamos más si se eliminase del todo», señalaba el presidente de la Asociación de Sant Antoni, Joan Ribas.
«Creemos que cerrar un puerto a que se pueda venir desde el litoral peninsular con tu coche y tu familia es cerrar puertas a diversificar el turismo. Al turista español le gusta comer bien, comprar y viajar mucho en coche», detallaba Ribas.
Los comerciantes de este municipio creen que el hecho de limitar la llegada de vehículos a la zona del puerto les crearía un serio perjuicio «no solo al comercio y restauración, también podría llegar a perjudicar en general a la isla de Ibiza».
Joan Ribas hizo hincapié en que es muy difícil alargar la temporada como se habla. «Aquí estamos esperando ya a que llegue el Imserso y planteando de ojalá poder abrirnos también al turismo de mayores del extranjero, porque ahora mismo, como veis, no hay nadie», dice. «Se habla de que no hay conexiones aéreas... pues no acabemos con las marítimas también. Lo que se tendría que hacer es poner alguna otra línea de ferry los fines de semana», insiste.
Una opinión que comparten muchos de los vecinos de la zona. «Habría que facilitar que vinieran más ferrys y no limitar tanto», comentaba Carlos. «La comodidad está en poder llegar en tu coche y si tienes que llegar al puerto de Ibiza y venir hasta acá con tanto tráfico… Yo que viajo mucho, sobre todo en verano, sería catastrófico», lamenta Alison, que reside en Sant Antoni. «Esto nos hace estar cada vez menos aquí y peor», decía otra vecina, Pilar.
Buscando el consenso
El alcalde de Sant Antoni, Josep Tur ‘Cires', explicaba ayer que la votación de la Ley de Medidas de Protección de la Bahía de Sant Antoni se dejó sobre la mesa «buscando un consenso».
Según señaló Tur, ya se había llegado a un acuerdo entre el ayuntamiento y el Consell Insular en cuanto a este tema pero «había algunos criterios diferentes y queríamos cambiarlos y no se podía en el momento porque para hacer un pequeño cambio en la redacción se necesita consenso. Esperemos poder tenerlo en los próximos días».
MÉS per Mallorca, Podemos y PSIB también defendieron el aplazamiento de la aprobación de esta ley que establece la calificación de usos que tiene que contemplar el puerto en busca del consenso. «La ley se aprobó en el Ayuntamiento con unanimidad y pensamos que esto no podía llegar a un Parlament dividido porque es una lástima que si en la próxima legislatura hubiese un cambio de gobierno esto pudiese retrasarse hasta el verano», explicaba el portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover.
Asimismo, el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, señaló que «tiene que haber unanimidad en la aprobación de esta ley para que se consolide la limitación del uso de determinados vehículos», por lo que pide «paciencia» a los partidos políticos para «hacer las cosas bien».
En esta línea, el diputado de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, explicó que, aunque su formación no tiene representación en Ibiza, sí había observado que «la redacción del articulado no termina de ser coherente con los objetivos que se querían conseguir». Por otro lado, el portavoz de El PI, Jaume Font, criticaba que «cuando se ha transcrito lo que Sant Antoni aprobó por unanimidad, se ha redactado de otra manera», por lo que pide que la presidenta del Govern, Francina Armengol, explique a los ciudadanos de Baleares esta situación.
Consulta popular
El candidato a la alcaldía de Sant Antoni por el Partido Popular, Marcos Serra, insistía en que antes de la aprobación de esta ley en concreto se debería «preguntar a los vecinos que es lo que quieren para Sant Antoni y para su puerto».
Desde el PP celebraban que no se hubiera votado en el Parlament. «Yo creo que se dieron cuenta que esto era un despropósito. La excusa ha sido que iban a buscar consenso pero no nos cuadra. En esta legislatura estamos acostumbrados a una serie de leyes que han tenido que ir rectificando sobre la marcha porque estaban mal hechas. No es la primera vez», señalaba Serra.
Indicaba que es una ley que «pretendía cambiar la categoría del puerto de categoría A (puertos comerciales con uso y tráfico integral) a la categoría C (puerto deportivo, pesquero o mixto) y esto restringía no solo el tráfico rodado de mercancías que habíamos consensuado, también el de pasajeros, por lo que no hablamos solo de ferrys sino de las golondrinas que cruzan la bahía y que mueven a los turistas de un lado a otro que traen mucha gente al pueblo».
Desde Proposta per Eivissa señalaban que «el alcalde no era consciente de las consecuencias negativas que tenía la tramitación de esta propuesta de ley». «Por ello, valoramos de forma muy positiva que su aprobación se haya aplazado porque si esta propuesta de ley se aprueba tal y como está no solo impediría el tráfico de pasajeros en toda la bahía de Sant Antoni y Sant Josep, sino que supondría la ruina y cierre de las navieras locales al no poder operar. Era una ley mal hecha”, señaló su portavoz, Vicent Torres.