El Grupo Parlamentario Popular a través de su diputado, Miquel Jerez, presentó ayer una Proposición No de Ley en el Parlament instando a la titular de la depuradora de Santa Gertrudis, la empresa pública Abaqua, a desmantelar en el plazo máximo de dos meses una instalación que se encuentra «en un estado de abandono absoluto».
Miquel Jerez recordó que la depuradora dejó de funcionar debido a las quejas de los movimientos vecinales que se manifestaron en contra. La depuradora desprendía intensos hedores que se extendían por el entorno de la localidad de Santa Gertrudis, circunstancia ésta que motivo su cierre definitivo.
Para Miquel Jerez, «cuando los vecinos pedían que se cerrase la estación depuradora tenían razón; la situación se había convertido en insoportable. Ahora que piden su desmantelamiento también están en lo cierto. La situación de abandono se ha prolongado demasiado tiempo y el estado actual de la instalación sólo puede generar algún incidente no deseado».
En este sentido, Jerez señaló la necesidad de precintar definitivamente la instalación mientras se redacta el proyecto de desmantelamiento y se ejecuta. «El acceso es demasiado fácil, no existen medidas que limiten el acceso ni vigilancia que lo impida. La entrada a una planta depuradora en abandono no debería estar al alcance de cualquiera y en este caso lo está. El titular de la instalación tiene la responsabilidad de evitar riesgos innecesarios, motivo por el cual exigimos al Govern que precinte todos lo accesos y proceda a su desmantelamiento», explicó.
Desde el punto de vista medioambiental, el diputado ‘popular' explicó que la imagen de deterioro que presentan las instalaciones de la depuradora, ubicada en suelo rústico, provoca también un importante impacto para el medio ambiente.
Según Jerez, «la imagen de deterioro que presenta la instalación es grave y su impacto medioambiental y paisajístico también. Hubiera sido una buena idea destinar recursos del impuesto turístico para desmantelar la planta depuradora pero el Govern ha decidido destinar los recursos del impuesto a acciones que nada tienen que ver con la protección y preservación del medio natural».