La Asociación de Vecinos y Comerciantes de l'Eixample Nou presentó el pasado 7 de febrero un recurso de reposición tras la desestimación, por parte del Ayuntamiento de Vila, de las 17 alegaciones presentadas contra el proyecto del Centro de Acogida Municipal (CAM) situado en la calle Vicent Serra i Orvay.
En estas, los vecinos del barrio recordaban al Consistorio que el terreno destinado a la ubicación del albergue no cumplía la superficie mínima de 300 metros cuadrados establecida en el PGOU. En este sentido, Vila hizo una modificación puntual del PGOU para poder construir sin cumplir con este requisito; sin embargo, según apunta la Asociación, «la modificación puntual del PGOU está pendiente de aprobaciones definitivas para permitir el incumplimiento de esta norma, por lo que es un caso encubierto de reserva de dispensación prohibida en la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares.
También alegaron que el proyecto presentado en el mes de enero no preveía la dotación de plazas de aparcamiento en el edificio, «obligatorio según la normativa municipal». Por su parte, el técnico municipal alegó que «encarecería mucho la construcción» que, cabe recordar, ha pasado de querer mantener el edificio del antiguo retén de la policía a derribarlo por 87.000 euros.
Entre los motivos más destacados, los vecinos alegaron que no se trata del lugar indicado por su proximidad a centros educativos lo que, a su juicio, también tendrá un impacto negativo en el barrio
La Asociación también reprocha al Ayuntamiento que no haya una «justificación financieramente sostenible». El coste presupuestado para el nuevo albergue ronda el millón y medio de euros para, a juicio de los vecinos del barrio, dar cobijo a menos personas que en el CAM de la calle Carlos III. «Ellos han reconocido, por primera vez, que el albergue nuevo solo tendrá 15 plazas y el concejal de Benestar Social, en la primera reunión que tuvimos hace tres años, nos dijo que el centro iba a hacerse con una pequeña reforma y para 40 personas porque el otro se había quedado pequeño (tiene 20 plazas). Aquí quieren hacer 15, no tiene sentido», detalló Santiago Yepes, portavoz de la Asociación.
Así, en el recurso de reposición presentado solicitan que se deniegue el permiso de instalación y de obras del CAM, además de retirar el proyecto «buscando una nueva ubicación para el servicio que se quiere prestar». En esta línea, el Consistorio tiene de plazo hasta el 8 de marzo para responder. «Si no contestan o contestan denegándolo, nos queda el Contencioso Administrativo»; una vía que la Asociación no descarta.
Por su parte, desde Vila confirmaron que «los servicios técnicos del Ayuntamiento responderán a ese recurso en plazo y forma». Asimismo, matizaron que «ya trabajan en los informes necesarios para preparar dicha respuesta».
Sin embargo, la Asociación presentará nuevos recursos, a nivel particular, en lo que queda de mes que «serán similares a este».
Elecciones
La Asociación de Vecinos y Comerciantes pidió al Consistorio que, a escasas semanas para las elecciones municipales, tomen conciencia. «Lo normal sería dejarlo preparado, pero no ejecutarlo. En caso de que ganen que hagan lo que quieran, pero los ciudadanos también votaremos lo que queramos», subrayó Yepes. Y es que, como han dicho en reiteradas ocasiones, el diálogo con el Ayuntamiento «ha sido unidireccional y a hechos consumados».
Por otra parte, el portavoz recordó que, teóricamente, «no se puede avanzar sin resolver los recursos, pero ellos quieren publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) los pliegos de condiciones», especificó; de ser así, «lo recurriremos también». Y es que, según los servicios jurídicos consultados por la Asociación, no se puede publicar el expediente de construcción hasta no recibir el certificado final de demolición.
En este sentido, cabe recordar que la adjudicación para demoler el edificio actual la ejecutará Excavaciones y Demoliciones Medina S.L., que tiene un plazo de siete días que finalizan esta semana, para presentar la documentación requerida y formalizar el contrato. Se estima que la demolición se lleve a cabo en un plazo de 42 días.