Los servicios técnicos municipales de Sant Antoni, acompañados por la unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, acometerán durante el mes de marzo la inspección de hasta 40 establecimientos situados en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), según explicó ayer el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.
Desde el Consistorio se ha notificado ya a los propietarios de estos negocios la «inminente realización de estas inspecciones para concretar la fecha de las mismas y facilitar el acceso a los técnicos».
Con estas inspecciones, el Ayuntamiento vigila el cumplimiento del artículo 42 de la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones, que señala que los establecimientos situados en ZPAE «tendrán que disponer de doble puerta con muelles de retorno y cerradura hermética, en posición cerrada, u otros sistemas equivalentes que garanticen el aislamiento permanente de la fachada en los momentos de entrada y salida del público».
Asimismo, se comprobará que los locales no dispongan de ningún hueco susceptible de ser abierto, exceptuando los accesos y las puertas de emergencia, y que cuenten con ventilación forzada para la renovación del aire.
Los establecimientos disponían de un plazo de seis meses a partir de la declaración de ZPAE (marzo de 2018) para llevar a cabo los cambios necesarios para cumplir con la normativa.
Calle del Mar
Cabe recordar que, en el último pleno, el equipo de gobierno de Sant Antoni aprobó incluir la calle del Mar en la ZPAE.
Según explicó Pablo Valdés, concejal de Medi Ambient y primer teniente de alcalde, esta decisión es fruto del resultado arrojado por un estudio hecho durante los meses de julio y agosto que han determinado que los valores acústicos de la citada calle, entre el número 4 y 11, son «muy similares» al del resto de calles. «En concreto, para el límite nocturno -entre las 23.00 y las 8.00 horas- el estudio dijo que solo cuatro días estaban por debajo y los límites equivalentes para una hora, los que marcan los picos, solo seis días se encontraron por debajo del límite», indicó refiriéndose a unas mediciones que se hicieron durante seis semanas en tandas de tres en tres.
A pesar de estos datos, Valdés subrayó que ha habido una disminución acústica general de entre 2,5 y 8 decibelios en función de la zona, «pero sigue estando por encima de los límites que marca la normativa»; permitiendo esta un máximo de 55 decibelios. En este sentido, reiteró la obligación del Ayuntamiento de seguir con el mantenimiento de esta declaración que, según insistió, nadie podrá derogar si no se cumple con el nivel acústico permitido.