La sede del Consell d'Eivissa acogió ayer la firma del Protocolo General de actuación entre el Ministerio de Interior, el Govern de Balears, el Consell y el Ayuntamiento de Vila para el desarrollo de una promoción de vivienda pública en unos terrenos situados junto a la comisaría de la Policía Nacional. En representación de las cuatro instituciones intervinieron el presidente del Consell, Vicent Torres, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella y el conseller de Vivenda, Marc Pons.
En total se prevé la construcción de 120 viviendas que se levantarán en una parcela que es propiedad del Ministerio de Interior. Serán cuatro promociones de 30 viviendas cada una. Una de esas promociones quedaría para cubrir las necesidades del propio Ministerio del Interior y las otras tres para poder dar respuesta a las necesidades de vivienda de la isla.
El conseller se mostró prudente y no quiso dar plazos concretos para la puesta en marcha de esta obra. Indicó que la firma de este protocolo todavía no significa la cesión efectiva de la parcela. Lo que sí permite es que se inicie la redacción y formalización del proyecto por parte de los arquitectos del Ibavi.
En paralelo, se formalizará la cesión de forma que en el mismo plazo se redacte el proyecto y se ejecute la cesión de los terrenos por parte del Ministerio. Tras este proceso deberá tramitarse la licencia de obra municipal, que una vez obtenida permitirá iniciar el procedimiento de licitación de la obra. Existen ciertas singularidades en el proyecto que obligarán a que los arquitectos del Ibavi a trabajar con los arquitectos del Ministerio del Interior.
La previsión es que el Govern Balear financie una parte del proyecto y el Consell se haga cargo de la otra, aunque no se ha concretado cuánto corresponderá a cada uno.
Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler conforme a los criterios de precio establecidos por el Ibavi, que se fijan conforme a los ingresos familiares de la familia adjudicataria y que en ningún caso puede superar el 30% de esos ingresos. Respecto a las viviendas que se destinen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se aplicarán unos criterios que se determinarán conjuntamente con el Ministerio del Interior.