El Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB) está estudiando la posibilidad de trabajar de forma conjunta con las diferentes administraciones para reducir los plazos a la hora de tramitar las licencias de obras. Según explicó Iván Torres, presidente de la demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos, se trata de que el Colegio realice los informes de idoneidad técnica de los trámites urbanísticos que realizan los particulares, facilitando así la gestión de los diferentes ayuntamientos. «Es una especie de convenio entre las administraciones y el Colegio, en el cual este último realiza un informe en el que asume la responsabilidad, compartida con la Administración, de que el proyecto está completo y se ajusta a la normativa», concretó.
Torres señaló que se trata de una opción viable que ya está funcionando en Cataluña, donde «las administraciones se han visto bastante liberadas a la hora de resolver las licencias y nos consta que se están dando entre dos y tres meses».
Unos plazos que difieren muchos de los de Balears. Y es que la encuesta realizada el pasado verano por el COAIB sobre el incumplimiento de los plazos legales en la tramitación de licencias de obras en las Islas dejó en evidencia el «problema» que vive Balears al respecto.
Concretamente, los datos reflejaron que los ibicencos tienen que esperar una media de 28 meses para obtener un permiso urbanístico, cuando la Ley establece un máximo de tres que en caso de suelo rústico aumenta hasta los ocho meses. En cuanto a Formentera, el plazo de resolución para la obtención de licencias es de 15 meses.
En este sentido, Torres especificó que desde la central del COAIB en Mallorca se está trabajando con diferentes administraciones para ver qué responsabilidades se podrían derivar y si realmente, de esta manera, se podría ayudar en la reducción de plazos.
Ayuntamiento de Ibiza
Por su parte, el Ayuntamiento de Vila señaló que no disponen del dato de licencias de obra pendientes porque, a juicio del departamento de Urbanismo, «resulta muy difícil de cuantificar con el actual sistema de tramitación electrónica ya que hay muchos expedientes abiertos que finalizan en el mismo punto».
Sin embargo, sí que matizaron que en las últimas semanas se han resuelto 27 licencias urbanísticas otorgadas (obra nueva y obra mayor, incluye las integradas con actividad incluida); 63 licencias concedidas de ocupación de la vía pública; 195 comunicaciones previas (obras de carácter menor) que se trata de una nueva denominación fruto de los últimos cambios introducidos a la tramitación de obras ante el Ayuntamiento. En cuanto a 2018, el Consistorio registró 67 expedientes resueltos favorablemente (con licencia urbanística otorgada), habiendo 27 expedientes en tramitación (pendientes de resolución expresa).
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha apostado por simplificar los trámites administrativos que se necesitan para ejecutar reformas o acceder a viviendas de nueva construcción. Ahora los dos trámites finales que el Consistorio debe completar para quien quiere entrar a vivir en una casa nueva se harán en un mismo procedimiento de manera que los afectados podrán ganar tiempo. Así, en el municipio otorgan ya al mismo tiempo los permisos de final de obra y los de primera ocupación, por lo que los particulares sólo necesitan la cédula de habitabilidad que otorga el Consell.
Así, la ampliación de los supuestos en que se pueden ejecutar obras menores simples sin licencia previa (ahora llamadas obras sin proyecto técnico), ha supuesto que los dos primeros meses de aplicación se hayan otorgado 105 permisos de este tipo frente los cerca de 60 del mismo periodo de 2018.
El resto de ayuntamientos no han precisado datos de las licencias de obra que se han concedido ni las que quedan pendientes de resolución.
Obras ilegales
El principal problema que ven los profesionales del sector es la «ilegalidad» que conlleva que una licencia tarde tantos meses en concederse. «La sensación es que hay muchísima obra ilegal en Ibiza», lamentó Torres. Esto es consecuencia, a su juicio, de varios factores.
Según indicó el presidente de la demarcación pitiusa, «muchas administraciones están a tope con las infracciones urbanísticas pero, como es evidente, hay muchas que no son descubiertas». El hecho de que haya obras ilegales se debe, a su parecer, a que la burocracia cada vez es más complicada; los plazos en la concesión de licencias son muy elevados y a que las administraciones han sufrido, en los últimos años, recortes de personal.
Además, insistió en que hay situaciones en la isla a las que legislativamente no se les da salida porque la normativa no lo permite. «Una persona que ha comprado un inmueble que piensa que cumple con todo y le dicen que no es así y no puede hacer una reforma porque es ilegal, sabe que el Ayuntamiento nunca le daría licencia, por lo que al final decide hacerlo a su manera», recalcó.
Por ello, desde el COAIB se pide hacer una «desburocratización», ser más «precisos» a nivel legislativo, aumentar el personal en los departamentos y que los técnicos presenten los proyectos de forma más completa para agilizar los trámites.
Rústico y urbano
Por otra parte, Torres también recordó que en el año 2007 -época del boom inmobiliario- una licencia se concedía en un máximo de ocho meses, «algo que era asumible». La realidad ahora triplica ese plazo, «cuando el volumen de obra que se está ejecutando o tramitando es el 20 % de lo que se hacía», añadió. Lo que no es de recibo, reiteró, es que hace más de diez años se pudiera hacer un volumen cinco veces superior al de la actualidad con unos plazos menores.
Asimismo, quiso recordar la diferencia entre las licencias para suelo rústico y suelo urbano. En cuanto a las primeras, recordó que se tramitan primero en el correspondiente ayuntamiento, luego pasa al Consell, si es preciso se piden informes al Govern balear y, si todos informan favorablemente, el ayuntamiento se encarga de conceder la licencia definitiva. En el segundo caso, la competencia es exclusiva del ayuntamiento.
«Hay diferencias entre un proyecto en suelo rústico, en el que los plazos son más elevados, que en uno de suelo urbano, pero sí que hay administraciones que están desbordadas en conceder licencias de suelo urbano; de hecho, hay algunos que están informando de licencias del 2017», precisó Torres.