Les voy a contar una cosa a riesgo de que no me crean, porque cuesta creerlo, pero les aseguro que es tal cual les voy a relatar.
El jueves pasado llamó a Periódico de Ibiza y Formentera la jefa de prensa del Consell de Formentera, Elena Trinidad. Ese día en la página 13 del periódico, sección local, informamos de la celebración de la Junta Local de Seguridad en la Pitiusa del sur. Debajo de la información a dos columnas, un anuncio publicitario. Y también a la derecha, uno mucho mayor. Trinidad pidió saber por qué bajo la columna citada había un anuncio publicitario de Vox Ibiza y Formentera, claramente separado de la información y sin lugar a confusión alguna, debo aclarar.
Le ofrecieron varias veces que hablara con el director, pero no quiso. Dado que la administrativa que atendió la llamada no pudo satisfacer su curiosidad, pues la distribución de la información en las páginas del periódico no es algo de su competencia, la jefa de prensa del Consell de Formentera le dijo que cancelase de forma inmediata una campaña publicitaria de la institución en nuestra edición digital.
Como lo oyen, así, a palo seco. Como si se tratase de su empresa o de una institución pública de su propiedad. Como si las campañas de comunicación que lleva a cabo la Administración pública no estuviesen reguladas por Ley.
Una ilegalidad
Cuando he avisado más arriba de que cuesta creer que alguien que ostenta un cargo en un organismo público, aunque sea por designación política, se conduzca de forma tan prepotente y con semejante desprecio por la legalidad, no es porque me extrañe a mí, que proviniendo del Consell de Formentera, nada me extraña. Está uno ya curado de espanto, supongo que como la Sindicatura de Cuentas. En la institución que gobierna Jaume Ferrer así se las gastan, comprando a los medios que aceptan ser comprados para dictarles lo que deben contar y censurarles lo que de ninguna forma han de publicar.
Desde luego, el medio que me honro en dirigir no acepta amenazas ni chantajes de nadie. Menos aún de políticos o de una institución pública. Nuestros abogados ya estudian la forma legal de responder a una actuación despótica, arbitraria e inaceptable. Por ahí no vamos a pasar de ninguna forma. Pronto lo comprobarán.
Contra algunos funcionarios.
Imagino que el ambiente en la sede del Consell d'Eivissa debe estar enrarecido. Me pregunto cómo deben mirar los funcionarios al conseller David Ribas, que acusa a algunos de ellos de tener la institución secuestrada por su “exceso de celo”. Si por exceso de celo se refiere a conducirse según está establecido en la legislación y no plegarse a caprichos ni a ilegalidades, pues francamente, bendito exceso de celo.
Hay políticos a quienes si los funcionarios no les parasen los pies advirtiéndoles de que lo que pretenden, la Ley no lo permite, harían lo que les viene en gana. Y eso, conseller, no es secuestrar nada.
Feliz domingo.