La acusación particular ejercida por la familia de Nuria Ester Escalante recurrirá la puesta en libertad provisional de R.W., el principal sospechoso de la desaparición de la mujer alicantina de 52 años.
Según indicó Josep Maria Costa, abogado de la familia, está preparando el recurso que presentará en breve. Indicó que hace unos 20 días la Audiencia Provincial destacó las «incoherencias» del principal investigado, «sin explicaciones lógicas» en sus declaraciones, además de la «gravedad del delito» y la posibilidad de destrucción de pruebas si quedaba en libertad. Estas afirmaciones vendrían a sustentar el recurso.
Según el letrado, en estos momentos no están analizando si existen pruebas condenatorias contra el principal sospechoso, sino si sus explicaciones «tienen o no coherencia». Costa recordó que horas después de la desaparición, este hombre borró sus conversaciones y otros elementos de su teléfono.
R.W., el último de los cincos detenidos que permanecía en prisión por su implicación en la «violenta desaparición» de Nuria Ester Escalante, abandonó el miércoles el Centro Penitenciario de Ibiza después de que el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Santiago Pinsach, decretase un auto de libertad provisional con medidas cautelares.
Así, el hombre de 37 años y nacionalidad polaca debe comparecer todos los lunes en sede judicial, se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido abandonar la isla.
El juez considera en su auto que las pruebas pendientes de realizarse dentro de la instrucción del caso podrían alargarse «demasiado» como para mantener en prisión a una persona sin tener pruebas condenatorias.
Casa okupa
Por otra parte, durante la jornada de ayer se procedió al derrumbe de las antiguas instalaciones del taller can March, el inmueble okupado -ubicado en la entrada del núcleo urbano de Sant Antoni- y en el que Nuria Ester Escalante se alojó algunos días.
Este inmueble es uno de los puntos donde la investigación sitúa a Nuria Ester la última semana de octubre. En una de las estancias fue donde se encontraron sus pertenencias y unos restos de sangre que, finalmente, no eran de ella. Allí se alojó durante unos días junto a uno de los detenidos.
Según informaron fuentes municipales, la demolición no tiene nada que ver con las investigaciones de la desaparición de la mujer de 52 años, sino que está siendo realizada por la propiedad del inmueble, que la venía solicitando desde tiempo atrás y que obtuvo el permiso en marzo.