El Govern ha detectado 146 viviendas propiedad de entidades financieras, fondos de inversión y fondos buitre que están vacías y no se han inscrito en el Registro de Viviendas Desocupadas para poder destinarlas a alquiler social. Por tanto, incumplen la Ley de Vivienda del Govern, que obliga a los grandes tenedores a ceder estas casas a la Administración. Por este motivo, el Ejecutivo ha abierto los correspondientes expedientes sancionadores contra seis bancos y fondos de inversión por no declarar pisos vacíos por valor de 180.000 euros, a tenor de 30.000 cada uno.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, explicó que el Servicio de Inspección de la Conselleria ha detectado 5.731 viviendas de grandes tenedores no inscritas en el registro, de las que ya se han inspeccionado 486. De éstas, un 30 %, es decir, 146, están vacías, por lo que se han abierto los expedientes sancionadores.
«Las viviendas inspeccionadas suponen una muestra representativa, aunque es difícil extrapolar el porcentaje de las que están vacías sobre las más de 5.700 que no están inscritas», reconoció Pons, quien sí admitió que las primeras inspecciones apuntan a que estas viviendas no registradas «apuntan a que es un nicho importante de casas vacías». En cuanto al resto de viviendas inspeccionadas, un 60 por ciento están habitadas y el 10 por ciento restante están tapiadas o cerradas, lo que impide conocer su estado.
Por otra parte, el Govern también ha abierto cuatro expedientes sancionadores a bancos y fondos buitre y de inversión de hasta 15.000 euros cada uno porque, pese a haber inscrito sus propiedades en el Registro de Viviendas Desocupadas, se han negado a colaborar con la Administración para que pudiera acceder al interior de las viviendas. «O no nos han cedido las llaves o no se han presentado para abrir el día acordado para entrar», detalló el director general d'Arquitectura i Habitatge, Eduard Vila.
En total, se han inscrito 1.039 viviendas, de las que ya se han visitado 45 y 30 se pueden incorporar a la bolsa de vivienda pública social con pequeñas intervenciones, por lo que se prevé que «en breve» se sumen a la oferta del Ibavi. Entre el 10 y 15 % se encuentran en un estado «pésimo», por lo que «no serán prioritarias para incorporarlas a la bolsa de vivienda social». El 30 % restante, aunque están inscritas como viviendas vacías, están ocupadas. «No hemos podido determinar si se trata de personas con contrato o bien si la personas que habitan en estas casas son okupas», detalló el conseller.
Además, se han abierto dos expedientes sancionadores contra dos grandes tenedores por 15.000 euros cada uno por no pagar los gastos de la comunidad de propietarios. Se trata de un incumplimiento de la Ley de Vivienda de las Islas. En total, se han abierto 12 expedientes sancionadores por valor de 270.000 euros por no cumplir la normativa.