La Confederació General del Treball (CGT) se concentró ayer a las puertas del Consell d'Eivissa para exigir la aplicación «inmediata» del Decreto de Emergencia Habitacional y la Ley de Vivienda. Según explicó Rafa Sánchez, secretario general del sindicato, «hay un grave problema con la vivienda en Ibiza que en temporada turística se agudiza».
En este sentido, criticó que el propio Consell pidiera al Govern balear que aprobara el Decreto en 2017 y «no se ha hecho absolutamente nada porque no nos consta que se haya solicitado su aplicación».
Asimismo, lamentó que los diferentes partidos no hablen en sus programas electorales de estas dos normativas. «Hablan de construir viviendas o de recuperar 1.500 que son, a día de hoy, las solicitudes que hay en el Ibavi. El problema es que, en Balears, hay más de 6.0000 grandes tenedores y si estos tienen un mínimo de 10 viviendas, hablamos de 60.000; la Ley de la Vivienda, que tampoco se ha aplicado, obliga a las empresas suministradoras, etc, a que colaboren con la Administración para detectar qué viviendas están vacías para que pasen al parque público del Govern».
Por otra parte, la CGT acusó a los sindicatos (CCOO, UGT y la patronal) de retirar el artículo 31 del convenio de hostelería que obligaba a los empresarios a ofrecer alojamiento a sus trabajadores. «Los sindicatos están para conquistar derechos, no para quitarlos», lamentó Sánchez.
Por todo ello, anunciaron que acamparán a lo largo de estos meses «para poner en evidencia a los políticos»; se tratará de una llamada de atención como la que llevaron a cabo el año pasado en el aeropuerto.