Un miembro de la plantilla del centro de menores que gestiona el Consell d'Eivissa ha denunciado ante la institución insular que la dirección del centro encubre una serie de irregularidades «para que el Consell pueda evaluar con mejor criterio si los mismos pudieran ser constitutivos de delito». Unos hechos que coinciden, según la denuncia, con la llegada al centro de menores extranjeros no acompañados (MENAS).
El empleado asegura que el centro «tiene conocimientos de la mayoría de edad de dichos residentes». Un hecho que no se ajustaría «a los criterios que un centro residencial de menores (...) debe tener como centro de protección», apunta.
En la denuncia se destaca que estos MENAS «son consumidores de sustancias tóxicas (cánnabis, principalmente)» y que «tienen relaciones sexuales con residentes del sexo femenino». Un comportamiento que «se minimiza a pesar de la diferencia de edad», apunta el denunciante. En este sentido, también declara que el centro «ha facilitado en varias ocasiones el desplazamiento a centros hospitalarios para la obtención de la pastilla del día después».
Agresiones y robos
Otra de las irregularidades denunciadas es que las agresiones que se producen entre los internos menores de edad y los MENAS «no se denuncian como indican los protocolos». También relata el denunciante «que se encubren hechos constitutivos de delito como, por ejemplo, abusos, consumos, robos en establecimientos públicos o fugas y solo se informe a parte del equipo que es afín al encubrimiento de dichas faltas o delitos».
También se denuncia «arbitrariedad» por parte de la dirección a la hora de trasladar a los menores a otros centros «dependiendo de si el ‘menor' se adapta al perfil que desea la dirección en el centro de sus residentes o la presión que ejerzan los padres».
Un ‘menor' con trabajo
La denuncia también recoge que en las reuniones de equipo «no recogen la información real sino que se ‘disfraza'». Y pone como ejemplo el de un MENA que, al parecer, cuenta con un trabajo: «Se nos dijo que debíamos escribirlo en el registro diario como que se marchaba a realizar un voluntariado».
Debido a este trabajo remunerado, el centro de menores guarda en su caja fuerte «una cantidad aproximada de 4.000 euros que se custodian al ‘menor' para evitar robos». Sin embargo, según la denuncia «se le siguen pagando gastos de desplazamientos a otras comunidades para visitar a su hermano, con lo que implica dicho gasto a la administración pública».
También sostiene la persona que ha presentado esta denuncia ante el Consell que se le ha permitido a un MENA no pernoctar en el centro «para poder celebrar (...) años con la comunidad (...) por ser dicho acontecimiento importante en la religión que profesa», mientras que en el centro se le facilitó, siempre según la denuncia, optar a pisos de emancipación «donde se reunía con una menor (...) con la que mantenía relaciones sexuales».
La última de las irregularidades denunciada por uno de los miembros de la plantilla del centro de menores fue a raíz de un accidente de tráfico con un herido de gravedad en el que un MENA estuvo implicado. «A pesar de que dicho ‘menor' se tenía constancia que su edad no correspondía con la que afirmaba a la Guardia Civil de Tráfico, se mantuvo esta para evitar cargos penales por omisión de socorro», señala la denuncia.
Jurado lo niega
La consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, negó las acusaciones vertidas por uno de sus trabajadores. «No es cierto, no es así. Lanzar estas acusaciones es arriesgado», señaló la podemita, quien explicó que los ingresos en el centro de menores se producen «por orden judicial» y después de realizarse la prueba de la muñeca, que determina aproximadamente la edad de la persona, «aunque siempre prima la medida de protección».
Jurado invitó al denunciante a que presente su denuncia «ante un juez» y añadió que la Fiscalía de Menores está al tanto» de la situación de los residentes.
La consellera de Benestar Social rechazó dar más información al respecto «al estar implicados menores y, sobre todo, menores extranjeros».