El Consell d'Eivissa, a través de Benestar Social, presentó ayer un informe sobre las necesidades en atención social en la isla y su principal conclusión es que el primer problema social es el de la vivienda.
Así, se constata que los precios de alquiler y compra se han disparado y que los afectados son familias monoparentales tras una separación o divorcio, inmigrantes o mujeres víctimas de la violencia de género, entre otros.
El informe señala, además, que resolver el problema significaría, no sólo solucionar las necesidades de una amplia capa de la población sino también liberar recursos de los servicios sociales que ahora se destinan al problema. Según informó ayer la institución insular, la Conselleria de Benestar Social encargó al Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales este estudio con el objetivo de identificar los problemas y demandas sociales de la población de Ibiza para orientar la atención y adecuación de los servicios.
Para elaborar el informe han sido consultadas las memorias de los Servicios Sociales, los datos estadísticos o la información municipal y del propio Consell, además de realizarse entrevistas y visitas a trabajadores sociales y a responsables del Consell y del Govern. La consellera Lydia Jurado se mostró «muy satisfecha» con la calidad del estudio y ha señalado que la información será «la base para realizar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Ibiza, una guía para que los siguientes gobiernos puedan desarrollar las estrategias de política social más convenientes para los ciudadanos». Según el Consell, otro aspecto que destaca el estudio es la necesidad de poner en marcha un albergue de baja o media exigencia, demanda avalada por el colectivo de personas que viven en la calle. Asimismo, se alerta sobre el progresivo envejecimiento de la población ibicenca, lo que provocará que la atención a la tercera y cuarta edad se convierta pronto en una prioridad de los servicios sociales.
El estudio también señala la necesidad de incrementar la inversión en el Centro de Atención a las Drogodependencias a causa de la demanda del servicio; la creación de un sistema de información común entre las administraciones de los recursos en servicios sociales o la necesidad de impulsar servicios de mediación cultural, entre otros.