El Ayuntamiento de Sant Antoni celebró ayer un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día para desestimar los dos recursos presentados por el sindicato UGT contra la creación de la ficha del puesto de jefe de la Policía Local que endurece los requisitos para el nombramiento de esta plaza, que será de libre disposición y a propuesta del alcalde, ya que también será necesario tener un grado universitario, una titulación que hasta el momento no se requería y que el actual jefe de la Policía, Javier Verdugo, enfrentado judicialmente a la concejala de Governació, no tiene.
Una decisión que, según el Partido Popular, «no le corresponde a un equipo de gobierno en funciones» y que se toma a menos de diez días para la investidura de un nuevo alcalde.
Por esta razón, tanto el PP como los dos concejales del Pi pidieron al equipo de gobierno que dejara el asunto para la próxima corporación que entre el 15 de junio. No hubo manera. Socialistas, reiniciantes y la concejala tránsfuga, Cristina Ribas, alegaron que el Ayuntamiento estaba obligado a contestar las alegaciones del sindicato (presentadas el 30 de mayo y el 4 de junio) en el plazo máximo de un mes. «El equipo de gobierno en funciones tiene las facultades limitadas, este es un asunto que no viene dictaminado, hay una enmienda de la que nos hemos enterado hace media hora y es una decisión trascendente. Si no se resuelve en plazo no tiene ninguna consecuencia así que pedimos que el asunto se deje encima de la mesa aunque sospecho que no nos harán caso», señaló el portavoz del PP, Pepe Sala, que pidió al secretario de la corporación que se pronunciara sobre si era legal o no la adopción de este acuerdo por un gobierno en funciones.
El secretario señaló que la ley permite en estos casos tratar asuntos de administración ordinaria, «y yo entiendo que la resolución de un recurso es de administración ordinaria», en contra de la opinión del grupo mayoritario de la oposición. Además, el secretario apuntó que la necesidad de resolver los recursos antes del plazo de un mes «es una justificación razonable» para la celebración de un pleno extraordinario.
«No se refiere a ninguna persona»
El popular Pepe Sala señaló que «el acuerdo parece evidente que va encaminado a una persona concreta», en referencia al actual jefe de la Policía Local, Javier Verdugo. «No se refiere a ninguna persona sino a un lugar de trabajo», contestó Pep Tur, quien añadió que se ha aprobado esta nueva ficha de trabajo «en cumplimiento de un cambio en la ley». «Por obligación y ética tenemos que hacerlo», añadió Alcaraz.
El portavoz del Pi, Joan Torres, destacó que «el tema está cogido con pinzas así que nos abstendremos». Además, pidió al interventor saber qué coste tenía el pleno de ayer: 3.900 euros.
EL APUNTE
La última puntilla al conflicto entre Verdugo y Aída Alcaraz
Los conflictos entre el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, y el equipo de gobierno. Nada más empezar, Verdugo presentó su renuncia como máximo responsable del cuerpo después de que Aída Alcaraz, concejala de Governació, pusiera en duda su continuidad en una entrevista. Finalmente, Verdugo reconsideró su decisión y al poco tiempo el tripartito ‘fichó' a Ángeles Gallardo como directora de Seguridad de Sant Antoni. Un nombramiento que fue denunciado por Verdugo.
El jefe de la Policía Local denunció por acoso laboral a Aída Alcaraz por, entre otras cuestiones, la presencia de Gallardo en su despacho, que el Ayuntamiento no contara con él para tratar la creación de nuevas plazas de agentes de la policía, la retirada del coche oficial o el proceso iniciado por el equipo de gobierno para revisar su nombramiento como jefe de la Policía Local mediante oposición en noviembre de 2010.
El equipo de gobierno filtró entonces que Verdugo había sido suspendido cinco días de empleo y sueldo por una falta grave al encontrar dinero y denuncias sin tramitar en la antesala su despacho. «Es una persecución en toda regla», señaló entonces el jefe de la Policía Local, que ha conseguido que Alcaraz se siente en el banquillo acusada de un delito de acoso laboral por el que la Fiscalía pide un año de prisión y 5.175 euros de indemnización. Alcaraz no dimitió a pesar de que el código ético del PSOE así lo estipula cuando a un cargo se le abre juicio oral.
Pepe Sala aseguró que la intención del equipo de gobierno «era resolverlo ahora y forzar la máquina para que estuviera en esta legislatura».