Cinco meses después del incendio que dejó prácticamente inoperativa la administración de Justicia en Ibiza, las causas suspendidas en los juzgados de lo Penal ya se cuentan por centenares, en torno a unas 400 causas, según señalan fuentes judiciales.
Esta es una de las cuestiones más problemáticas y difíciles de corregir a la larga. El 22 de enero, 24 horas después del devastador incendio, el Consejo General del Poder Judicial suspendió todos los plazos y sólo se mantenían las causas urgentes, con reo o las de violencia de género. Hasta esa fecha, los dos juzgados de lo Penal celebraban un mínimo de 30 vistas a la semana. Esa actividad se vio cortada de raíz y no fue hasta pasado un mes cuando se retomó un mínimo pulso con la celebración de una decena de juicios en la sede de Gaspar Puig.
Posteriormente, los dos juzgados de lo Penal se trasladaron a la planta baja del Consell y en este enclave han ido celebrando juicios dos días a la semana, pero con un volumen muy inferior al que mantenían en la sede del número 4 de la avenida Isidor Macabich.
El pasado 10 de junio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Antonio Terrasa, anunció que a partir del próximo 2 de julio se retomará la celebración de los juicios de causas inmediatas.
Operadores judiciales, trabajadores y el sindicato CSIF califica la situación como «insostenible», «imposible de sobrellevar» o «un auténtico despropósito» y ya se preparan para un verano «angustioso».
Medidas urgentes
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados exigió ayer a los poderes públicos que no se olviden de la «precaria» situación que se vive en el partido judicial de Ibiza.
Desde la institución colegial también reiteraron su llamamiento a la búsqueda de soluciones «urgentes» para la reanudación, lo antes posible, de la actividad jurisdiccional, que se encuentra en buena parte paralizada desde hace más de 150 días.
El máximo órgano de gobierno colegial lamentó el «retraso intolerable» que la situación supone «en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todo ciudadano y en su derecho a una justicia rápida». También subrayaron que «la reanudación de la actividad judicial de los juzgados afectados por el incendio y la normalización de la administración de Justicia en Ibiza constituyen una necesidad de primer orden».
Por su parte, el CSIF hizo hincapié en las precarias condiciones en las que se encuentra la conducción de detenidos, un hecho que alarga las jornadas de los juzgados de guardia.