Los exdiputados y abogados ibicencos Miquel Jerez y José María Costa emprendieron el sábado junto con Inés Miranda, también abogada y vicepresidenta del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, un viaje a El Aaiún (Sáhara Occidental) con el objetivo de acudir como observadores internacionales al juicio contra una periodista, Nazha El Khalidi, a quien Marruecos le pide una pena de cárcel de tres años por cubrir una manifestación pacífica en esta ciudad.
Observadores
Jerez, Costa y Miranda estaban acreditados por el Consejo General de la Abogacía Española para acudir al juicio, que se celebra hoy, en calidad de observadores internacionales. Al llegar ayer al aeropuerto de El Aaiún, la tripulación comunicó que primero tenían que bajar los ciudadanos marroquíes. Más tarde se bajaron el resto de ciudadanos y Costa, Jerez y Miranda se quedaron dentro de la aeronave, según relató ayer Miquel Jerez.
«Cuando hemos ido a bajar no nos han dejado; nos han vetado directamente la entrada. No hemos llegado a pisar suelo del Sáhara. Nos retuvieron el avión, sin poder bajar la escalerilla y nos pidieron la documentación, pasaporte y acreditación sin justificar el por qué. La policía estaba a pie de pista y el coordinador de pista era quien nos iba solicitando la documentación para dársela; la policía no ha llegado a subir y nosotros no hemos bajado porque no nos dejaban», precisó y señaló que les estaban esperando y sabían que llegaban en ese avión.
De vuelta
Sin ofrecer ningún tipo de argumentación sobre por qué no podían desembarcar, el mismo avión que les llevó a esta ciudad del Sáhara Occidental les devolvió horas más tarde a Las Palmas. Es decir, no llegaron a bajar del avión.
«Nos han vetado la entrada para que no vayamos al juicio contra esta periodista. Es muy importante revindicar la figura de los observadores internacionales, que son personas legitimadas para acudir a juicios o a procesos políticos a fin de que puedan velar por las garantías legales y el cumplimiento de los derechos humanos; el observador internacional lo único que hace es dar cuenta de lo que allí está pasando, informar y reportar», afirmó Jerez, que ha asistido a otros juicios en Marruecos como observador internacional «y nunca he tenido ningún problema; es la primera vez que he tenido problemas». Según Jerez, se debe a que el territorio del Sáhara está ocupado por Marruecos y de ahí las tensiones.
Este juicio, según explicó Jerez, estaba previsto inicialmente para el pasado 20 de mayo y estaba prevista la asistencia de cinco observadores internacionales españoles y dos noruegos, que llegaron a bajar del avión, los esposaron y los devolvieron a Casa Blanca y de allí a Madrid y Noruega. El juicio se suspendió porque «parece que el tribunal necesitaba más pruebas» y, finalmente, esta señalado para hoy. «No sabemos si se volverá a suspender o no, aunque me temo que no porque ya no habrá ninguna incomodidad para procesar a esta periodista y no habrá observadores internacionales», precisó Jerez.
Costa y Jerez tienen previsto llegar hoy a Ibiza y afirman que «analizarán el contenido de la sentencia condenatoria y veremos si se han cumplido los criterios de juicio justo y se han preservado los derechos humanos y la libertad de prensa, que es fundamental pero parece que no se respeta en el Sáhara Occidental», apuntó Jerez.
José María Costa, por su parte, explicó que «Marruecos actúa a su libre albedrío en el Sáhara Occidental; Naciones Unidas no actúa ni garantiza los derechos de ningún ciudadano, ya sea saharui o europeo que pretendemos garantizar la libertad de prensa. El juicio se celebrará hoy sin ningún tipo de control por parte del derecho internacional y esto es una vergüenza».
La queja
En este sentido, elevaran una queja formal al Gobierno de España con copia a la delegación del gobierno de Balears y a la presidenta Armengol. «Pienso que el Gobierno debe tomar buena nota de que ciudadanos españoles han ido a ejercer un derecho y han sido expulsados de una forma totamente contraria al ordenamiento internacional y ver cuál es la respuesta de España; lo lógico sería que hubiera una protesta formal por parte del Gobierno de España», concluyó Costa.