Eduardo Ramón (Ibiza, 1970), catedrático de la UIB, asume el «poder de atracción» del Derecho Penal y que en algunos momentos, «la visceralidad y las emociones afloran». En un momento en que resoluciones como la de la ‘trama Gürtel' hacen caer un gobierno, la ‘Manada' provoca un debate nunca visto en torno a la libertad sexual y la sentencia sobre el procés monopoliza la actualidad, defiende el lado positivo de esos debates.
¿La opinión pública comprende esas resoluciones o hay demasiados malentendidos?
—El año pasado participé en un libro colectivo, que se llamaba La Manada. Yo defiendo que ojalá no tuviera que haber sentencias como esa, pero la resolución de Navarra generó cosas positivas. Fue una reacción visceral de miles y miles de españoles: esto no puede ser así. Ahora muchísima más gente sabe cosas sobre los delitos contra la integridad sexual, hemos debatido sobre si hay o no consentimiento, sobre la libertad sexual. Si se hubiera dictado una sentencia condenando por agresión a doce años se hubiera acabado ahí el recorrido.
¿Qué opina de las críticas a la reforma del Código Penal que refuerzan la idea de consentimiento?
—Es un problema consustancial a tantísimos delitos en los que la prueba es casi imposible y sólo contaremos con la palabra de una persona contra la otra. Eso no quiere decir que solo con mi palabra no pueda conseguir una sentencia condenatoria. Todo dependerá de las circunstancias. Una posibilidad era, vamos a facilitar la conceptualización de las cosas: que todo atentado contra la libertad sexual sea llamado agresión. No me parece mala posición. Pero incluso así, parece evidente que no es lo mismo atentar contra la libertad de una persona con violencia o sin violencia y eso habría que haberlo reflejado.
Llama la atención que sobre la sentencia del ‘procés' se pronuncie el departamento de Filología Catalana y no el de Derecho.
—Evidentemente, en la Facultad de Derecho no hemos adoptado una posición institucional. Primero por respeto. Hay una sentencia que cualquiera que la lea sabe que este tribunal ha trabajado mucho. Lo que tenemos que hacer es, estemos o no de acuerdo, respetarlo. Que una facultad se pronuncie no procede. El conflicto no está en si ha sido acertada o no la sentencia, sino en si deberíamos haber llegado hasta donde han llegado los hechos.
La sentencia ya avisa de que no va a resolver el conflicto catalán.
—Hay una labor ahí didáctica indiscutible por parte del Tribunal Supremo. Absolutamente consciente del tremendo impacto que tenía, han decidido hacer cosas que habitualmente no hacen los tribunales y es explicar paso a paso para que llegue a más ciudadanos de lo normal. Pero sigue siendo muy técnica: hay aspectos de la sentencia que si no eres especialista son difíciles de comprender.
Fue uno de los firmantes de un manifiesto que ya descartaba antes del juicio la rebelión, ¿se mantuvo de forma artifical esta figura?
—Desde el principio pensábamos que no había. Pero en la propia sentencia se explica que sí se daban los ingredientes para la rebelión: ha habido un alzamiento, ha sido tumultuario y ha habido muchos episodios violentos. Lo que entiende es que la violencia no sirve a los propósitos de alguien que puede ser calificado de rebelde porque en realidad no se pretendía acabar con el orden constitucional. El Supremo mantiene que estaban engañando al pueblo y que, en realidad, los acusados estaban presionando al Gobierno. No hubo peligro nunca de que la Constitución fuera violentada.
¿Se forzó esa calificación para mantener la competencia del Supremo?
—Sí que había violencia. En España el concepto de violencia se ha espiritualizado mucho. Hoy en día se considera que es violencia cambiar las cerraduras de una puerta para que el inquilino que no me paga no entre. Casi todo es violencia, es un concepto que se ha estirado mucho. Aquí, en sentido estricto, la hubo, directa y episodios intimidatorios. La rebelión quizá era un poco forzada, pero no era irrazonable.
¿El sistema penal español funciona con el mismo nivel de garantía que el de otros países europeos?
—Yo diría que sí. No sé si es mejor, pero desde luego no es peor. Tenemos un nivel de estudio realmente elevado. Los penalistas y los procesalistas españoles conocen muy bien el derecho comparado y somos una garantía de que las cosas se hacen mínimamente bien. Es imposible afirmar que España, en este sentido esté atrasada.
Hay un discurso que pone por encima de las leyes determinados derechos.
—En la historia de la humanidad y de las ideas jurídicas ha tenido que haber momentos de rebelión, de desobediencia civil. Actualmente, en todos los países europeos hay un reconocimiento de la libertad como jamás la hubo. Tenemos una Constitución, que hay que cambiar ya, eso es obvio, hay que cambiar algunos contenidos de la Constitución ya, pero es un marco de libertades.
¿Qué opina del caso de Valtonyc? España dice que es terrorismo y Bélgica, libertad de expresión.
—Ahí sí que reconozco que hay alguna figura penal, o que la interpretación de alguna figura implica una colisión importante con la libertad de expresión. Lo veo límite. Estamos en la encrucijada y si se repitieran muchas sentencias de esta naturaleza tendríamos un problema. Hay un efecto indirecto, lanzar el mensaje de ‘cuidado con lo que dices'. Sí me parece que se exceden otros Estados cuando dicen que sólo ven delitos políticos. En España delitos políticos no existen, sí que puede haber algunos delitos con los que no estemos de acuerdo, pero hay un exceso de celo por otros países. Bélgica habitualmente sospecha y es un país de refugio.