Carolina Escandell no había trabajado en nada relacionado con el mundo social hasta que llegó al Consell d'Eivissa el pasado mes de julio. La consellera admite que fue ella quien apostó, a sabiendas de lo que había, por ponerse al frente de un departamento con problemas enquistados. Afirma no arrepentirse de ello y asegura que la institución tiene como prioridad en esta legislatura la acción social.
—Después de que en el último pleno de la institución se diera a conocer que Amadiba reclama una deuda que asciende casi a dos millones de euros, ¿cuánto dinero queda por pagar a día de hoy?
—Hoy por hoy, en contratos formalizados y en servicios derivados por el Consell, es decir, que haya documentación, contrato, derivación o trámite, estamos al día. Pero esto no engloba toda la deuda que exigen; la deuda viene de la acumulación de servicios en todos los centros que tiene Amadiba. Cuando Amadiba inicia el desarrollo de todo lo que es el servicio que, en teoría, se había encargado desde el Consell para el centro de día, piso tutelado para menores discapacitados, pisos tutelados para mayores discapacitados y para un centro de alta exigencia para niños con trastornos de conducta más el colegio de Sant Josep (concertado con el Govern balear), empiezan a enviar facturas. Esto pasa desde que empiezan a prestar todos esos servicios a mediados de 2017 y que, como no tienen ningún tipo de soporte documental, dígase expediente, contrato, convenio, reconocimiento de obra o un niño derivado de nuestros Servicios Sociales, esas facturas se han ido devolviendo. Desde julio que empieza todo esto hasta finales de 2018, ¿ellos cuantifican estos servicios? Justificar los servicios quiere decir que tú has firmado un contrato y lo justificas cuando prestas el servicio. El problema aquí es que se han basado en contratos verbales. Esto es lo que nos hemos encontrado, aunque puede que haya cosas que no hayamos visto todavía.
—¿Han preguntado a Lydia Jurado o a quien trabajó en el departamento en el anterior mandato sobre ello?
—No, la transición fue muy light y de Amadiba no se habló. De hecho, fue Amadiba quien vino a exponernos el problema. Nosotros en estas cosas somos muy rigurosos. En la administración pública las tramitaciones tienen que ir todas siguiendo un itinerario: tiene que haber contratos, expedientes abiertos… y no hay nada de esto. Solamente se han encontrado algunos contratos que son ‘papelitos' firmados dentro de un despacho que no han pasado por ningún tipo de tramitación. Hemos hablado con todos los funcionarios de la casa porque son ellos quienes te dicen si ha pasado por Intervención, si se ha hecho un informe económico, si lo ha visto Secretaría, si se ha derivado desde Servicios Sociales…
—¿Puede ser que se hayan pagado trabajos de este modo? Me refiero a trabajos firmados ‘en papelitos'.
—Todavía no hemos llegado a tanto. El problema tiene tanta envergadura que estamos siendo muy prudentes. No queremos generar alarma y hay que hacerlo con delicadeza porque estamos hablando de familias, que son nuestra principal preocupación. Teníamos cosas muy urgentes y hemos tenido que hacer procedimientos de urgencia. En noviembre del año pasado se les debieron pagar los servicios que sí estaban derivados. Siempre ha habido una parte, pequeña, de servicios que se han derivado desde el Consell, pero incluso los servicios que se habían derivado llevaban un año sin pagarse. La desorganización ha sido tan enorme… Ahora mismo tenemos desbloqueado el segundo concierto, el del centro de día, que seguramente se les adjudicaría a ellos en la parte que les compete y a otra asociación. También se está trabajando en un contrato que ampararía la vivienda tutelada para menores de 18 años con discapacidad… estamos trabajando ya para ir resolviendo la situación heredada.
—¿Se han encontrado una situación similar, aunque con deuda menor, con otras asociaciones?
—Sí. Por ejemplo, el Centro de Acogida de Menores de 14 años llevaba casi un año sin pagarse y dos meses con el contrato vencido. Además, este es un centro al que nosotros sí derivamos a los menores de 12 años.
—¿Cuánto dinero está pendiente de recibir?
—Pudimos pagar todo lo del año pasado, unos 40 o 50.000 euros y ahora hemos conseguido resolver el expediente para pagar todo lo que se debía desde primeros de año. En Cruz Roja también nos hemos encontrado deuda, también en la empresa que lleva el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca)… Muchas cosas que estamos resolviendo y regularizando. Todavía no estamos en la situación ideal que nos gustaría, pero empezamos a tenerlo en orden.
—¿Y en cuanto a las subvenciones?
—En julio todavía no habían salido y estamos hablando de subvenciones a ayuntamientos para que puedan hacer su labor social; a personas mayores y discapacitados; a entidades sin ánimo de lucro; a asociaciones para mayores de la tercera edad... Todo esto estaba bloqueado y ahora lo hemos puesto en marcha, los usuarios han empezado a solicitarlas y estamos resolviéndolo. En este sentido quiero poner en valor el trabajo que está haciendo el equipo de Benestar Social porque está trabajando a un ritmo tremendo para que antes de final de año esté todo abonado. También había una línea de subvenciones de inversión para entidades de 2017 que estaba bloqueada desde 2017; la hemos detectado, la hemos desbloqueado y ahora se están empezando a hacer los pagos.
—Lo que chirría en todo esto es que el Consell tenía dinero para hacer estos pagos.
—Había dinero en las arcas del Consell y en el presupuesto de la Conselleria. Es un departamento muy complejo porque tiene 13 unidades y todos los centros son generadores de facturas. Ahora hemos creado una mini unidad económico-administrativa, con una persona al frente que está haciendo una labor excepcional, para poner orden a todo esto. Lo vamos teniendo todo localizado, aunque siguen saliendo cosas. Hay una deuda también con la residencia Reina Sofía, pero no hemos tenido tiempo de entrar en ello.
—Hace varios meses los trabajadores de la residencia Cas Serres se quejaban de la falta de personal y del estado que presentan las instalaciones . ¿Se ha llevado a cabo alguna mejora en este sentido?
—Lo hemos reforzado administrativamente. El problema venía de una falta de organización. Esta semana ya se ha limpiado toda la fachada, se han pintado los accesos para minusválidos y se ha iniciado un plan de limpieza que reforzaremos de cara al año que viene.
—¿En lo que se refiere a personal?
—El personal estructural lo vamos a reforzar un poco. No somos partidarios de ampliar la plantilla así de entrada porque muchas veces te das cuenta de que reorganizando servicios es suficiente para optimizar. Tenemos margen para reforzar a lo largo de todo el año. El hecho de que los presupuestos se hagan ahora no quiere decir que dentro de dos meses, si tenemos que reforzar, no podamos hacerlo. De hecho, con el centro de menores de Padre Morey tenemos que hacer una contratación de urgencia y duplicar los recursos porque hay dos pabellones. Tenemos medios, pero primero hay que dimensionar adecuadamente. A ver, en Cas Serres hay una plantilla estructural que son las personas fijas y hay una temporal para que haya rotaciones. Creemos que hacía más falta reforzar esta última y hemos puesto a cuatro personas y dos en la estructural. Lo que pasa aquí es que hay vacantes por cubrir y es lo que se está haciendo.
—¿En qué punto se encuentra la lista de espera de la Oficina de la Dona?
—Casi resuelta. 44 mujeres estaban en lista de espera desde hace un año y la verdad es que me llamó mucho la atención cuando Lydia Jurado manifestó, en una entrevista, su malestar porque no habían podido contratar porque no les dejaban los servicios centrales, Secretaría o Intervención, no me acuerdo, y nosotros no hemos tenido ningún problema. Hemos contratado a una psicóloga de refuerzo para una acumulación de tareas y creemos que, en dos semanas, nos pondremos al día. Además, como plantilla estructural se va a reforzar con tres personas más.
—De cara a los presupuestos de 2020, ¿se prevé aumentar la partida?
—Estamos ajustando los presupuestos, pero te diré que este año no se ha ejecutado el presupuesto en su totalidad. Por tanto, si se mantiene la partida del año pasado, créeme que podremos hacer mucho trabajo. Sí que te puedo decir que la acción social es la prioridad del equipo de gobierno. Somos muy conscientes de la realidad social y esto va por delante. Con el mismo presupuesto te garantizo que podemos hacer virguerías porque se ha quedado mucho sin ejecutar.
—¿Cuánto?
—Aún no lo tenemos cuantificado porque no se han cerrado, pero hay partidas que están a cero e inversiones que estaban previstas y tampoco se han hecho; como, por ejemplo, lo de los pisos para menores. Y el año que viene, seguramente, pondremos en marcha algún nuevo proyecto que tenemos en mente y, sobre todo, llevar el tema social muy ordenado. Prioridad total la Cartera de Servicios, lo tenemos clarísimo. De hecho, lo pondremos en marcha con un grupo de trabajo, nada de trabajar secuencialmente y que solo lo tenga una persona y que los tiempos se dilaten. El objetivo es tenerla a finales del año que viene.
—¿Un objetivo inmediato?
—Que el Govern balear reconozca la problemática que tenemos con los menores que vienen en las pateras. Es un objetivo importante porque es una realidad que sabemos que va a ir a más y que se va a planificar. Hay mucha resistencia a reconocer que es una ruta nueva porque, en el momento en el que se reconoce esto, automáticamente tienes que dotarla de recursos. Por ello es importante que vayamos los cuatro consells de la mano y es que Mallorca y Menorca también saben que les puede llegar una ruta en cualquier momento.
—¿Se imaginaba cuando entró en julio que el departamento iba a estar tan descontrolado?
—No iba engañada. Para ponerte en contexto, porque sé que hay gente que piensa que qué hace una empleada de Banca llevando una Conselleria de Benestar Social, diré que tengo una trayectoria muy vinculada al mundo social por muchas cosas. Tenía claro que cuando llegase el momento iba a hacer algo en este sentido, lo que no sabía es que lo haría desde la política. Me reencontré con el presidente, con el que tenía relación desde que fui directora de zona de Sa Nostra, me propuso participar en el proyecto y acepté por ser un proyecto adecuado, un equipo adecuado y el momento adecuado. Y cuando me preguntó que qué me gustaría llevar le dije que Benestar Social. Me dijo que estaba muy complicado, aunque evidentemente no éramos conscientes de todo. Estoy súper orgullosa de que haya confiado en mí y no me arrepiento en absoluto. Creo que es una de las decisiones más bonitas que he tomado en mi vida, aunque seguramente haya muchas noches que me vaya a dormir preguntándome dónde puñetas me he metido.