El pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer suspender durante un año la concesión de licencias en la zona alta de Cas Mut. Se trata del polígono 32 que abarca 8,5 hectáreas divididas en 64 parcelas. En el mes de abril volvió a entrar en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987 tras una moratoria de dos años que permite la construcción de edificaciones de hasta 3 plantas en esta zona.
La concejala de Urbanismo, Elena López, explicó esta suspensión potestativa temporal ante «la barbaridad y los volúmenes que se generarían en ese espacio» de ejecutarse las construcciones que el ordenamiento actual permite. Asumió la posibilidad de que se interpongan reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento por esta decisión, pero defendió que la apuesta del Consistorio es la de «defender el territorio» y «proteger una zona que tiene un alto valor paisajístico y medioambiental».
López explicó que la medida pretende ofrecer al Ayuntamiento el plazo de un año para «estudiar, elaborar y aprobar una modificación puntual de la normativa urbanística».
Críticas de la oposición
Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, echó en falta en la propuesta del equipo de gobierno un informe jurídico, «quizá porque no diría lo que queremos oír». «Nosotros somos los primeros a los que nos gustaría revertir la situación en esta zona e incluso promover su reforestación», indicó, sin embargo expresó sus dudas respecto a que esta acción contara con «suficientes argumentos jurídicos». «Simplemente queremos asegurar que lo que se hace está amparado en la legalidad y no va a generar un coste extra a la ciudadanía por responsabilidad patrimonial de lucro cesante».
El Grupo Popular expresó también sus dudas respecto la propuesta. Además del informe jurídico, también echó en falta un informe económico. El concejal Ignacio García consideró que la medida se quería poner en marcha de forma «atropellada», dado que el informe técnico se solicitó el pasado 22 de octubre. «Deberían ponerse a trabajar con rigor», exigió García, que valoró que se estaban tomando soluciones «precipitadas e improvisadas». Se preguntó si el Ayuntamiento debía «correr el riesgo» de exponerse a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Ponderar bienes
«Claro que corremos el riesgo de que este Ayuntamiento tenga que pagar algún tipo de indemnización», respondió la concejala de Urbanismo a la oposición, pero valoró que el territorio es un bien que merece arriesgar el dinero público.
«Seré yo la que salga a explicar si se tiene que pagar cualquier indemnización. Si puedo evitar que se construyan edificios de tres plantas apretados unos con otros como en Los Molinos, prefiero que se paguen indemnizaciones», indicó López.
Defendió que el procedimiento se sustentaba en la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían valorado que se podía aplicar esta fórmula con el objetivo de «asegurar la efectividad de un planeamiento futuro» y evitar situaciones contradictorias entre el PGOU del 87 y el nuevo texto que se encuentra en proceso de elaboración. Además recordó que el polígono se encuentra rodeado de espacio natural protegido que sufriría un impacto grave.
«Si votan en contra mostrarán una vez más cuál es su apuesta a la hora de proteger el territorio: ninguna», le espetó a la oposición la concejala. Los grupos de PP y Ciudadanos se abstuvieron en la votación.