El concurso para renovar el «servicio esencial» del transporte aéreo sanitario en Baleares por cuatro años y 25 millones de euros empezó mal. Y ha continuado peor.
A pesar de que todo el mundo sabía que el 1 de diciembre de 2018 tenía que estar lista la nueva contrata, el Govern acudió a una tramitación bajo la modalidad de «negociado sin publicidad» por «imperiosa urgencia», es decir, «acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo».
El gerente del 061, Antoni Bellver, a quien los sindicatos han pedido en reiteradas ocasiones su dimisión por no ser capaz de dar soluciones, emitió en octubre de 2017 un informe en el que justificó un negociado sin publicidad en base a unos «cambios normativos» y a que «no se podía prorrogar el contrato».
Esto suposo que el Govern invitó al contrato a dos empresas, mermando la competencia, como se demostró posteriormente cuando ambas ofertaron el precio de salida, es decir, sin rebaja alguna, algo muy excepcional en la adjudicación pública.
El segundo contratiempo llega de la mano de la Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y Trabajos Aéros (AECA Helicópteros) que presentó recurso contra los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por, entre otras razones, no estar justificada la urgencia.
El recurso no prosperó.
Subrogación
La primera gran batalla se produjo antes de empezar a operar cuando Eliance se opuso a cumplir con la obligación de subrogarse a los trabajadores que venían prestando el servicio en la anterior adjudicataria.
Después de un cruce de informes jurídicos con sentidos contrarios, Govern y empresa llegan a un acuerdo para hacer una subrogación sin un proceso formal de subrogación: ofrecer a todos los trabajadores de la anterior empresa continuar en Eliance con las mismas condiciones, incluida la antigüedad, pero con un contrato nuevo.
El 1 de diciembre de 2018 arrancó el servicio sin las aeronaves que permitieron a Eliance ganar el contrato.
La empresa había presentado previamente un «plan de inicio de actuación» en el que estableció de forma unilateral un periodo transitorio que el Govern aceptó por «su alta complejidad»: adecuación de los aviones y formación de los pilotos principalmente.
El periodo de gracia acabó en abril del presente año sin los aviones prometidos.
Según el Govern, el artículo 25 de la normativa de contratos públicos le permite hacer la vista gorda con la fecha de entrada en vigor: «En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración».
Tampoco se cumplió con la promesa de que los aviones podrían transportar dos pacientes al mismo tiempo.
Y, un año después, siguen sin prestar servicio en vuelo multipiloto y en instrumental sin consecuencias, a pesar de que supone un incumplimiento muy grave al pliego de condiciones y un paso atrás en materia de seguridad aérea.