La Conselleria de Salut del Govern balear dictó sendas resoluciones para iniciar dos expedientes sancionadores contra la adjudicataria del transporte aéreo sanitario de Baleares, Eliance, el pasado 4 de noviembre, es decir, 11 meses después del inicio del contrato y de que empezaran los incumplimientos de la misma, tanto de la oferta presentada como del pliego de condiciones de la adjudicación.
Según informaron desde la Conselleria de Salut el pasado viernes, la dirección del Servei de Salut dictó «dos resoluciones de inicio de expedientes administrativos sobre imposición de penalizaciones por incumplimiento de lo dispuesto en el punto 5.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas, en relación a la titulación y licencias de los pilotos y copilotos, y en relación a la habilitación del vuelo instrumental».
Para analizar el cumplimiento del contrato, la Conselleria se ha visto obligada a contratar una auditoría externa.
Tal como ha venido informando este diario, a día de hoy, los viajes del helicóptero de Eliance no cumplen con los requisitos de volar en modo multipiloto y en instrumental, lo que, según los sindicatos aéreos, supone «un paso atrás en materia de seguridad», además de un incumplimiento del pliego de condiciones.
La consellera lo ocultó
La consellera de Salut, Patricia Gómez, ocultó la apertura de los expedientes sancionadores en la Comisión de Salut del Parlament en la que compareció el 6 de noviembre a petición de Ciudadanos para informar de forma monográfica sobre la crisis del transporte aéreo.
A pesar de que la apertura de sendos expedientes se había producido solo 48 horas antes, Gómez se resistió a informar a los diputados de la fecha de la apertura del expediente.
Es más, hilvanó la teoría de que el expediente informativo se abre en el momento en el que se producen las primeras diligencias informativas y petición de documentación, algo que, según expuso en su comparecencia, se produjo el 28 de enero de 2018.
Según la teoría de la consellera, el expediente se habría abierto a principios de año, algo que no convenció a la diputada del PP, Marga Durán, quien preguntó en varias ocasiones por la fecha exacta de la apertura del expediente. Sin éxito.
Así pues, la consellera o le ocultó deliberadamente a los parlamentarios la fecha de inicio de los expedientes o bien no sabía que se habían abierto dos días antes de la comparecencia.
Según informaron las mismas fuentes oficiales de Salut, en junio de 2019 el Govern abrió expediente de revisión de contrato, lo que ha acabado con la apertura de los dos expedientes sancionadores, lo que también contradice la versión de la consellera.
En la comparecencia tampoco dio cuenta de dicho expediente de revisión de contrato del mes de junio.
Las mismas fuentes informaron que «desde la finalización del plan de inicio de las operaciones, el responsable del contrato ha estado reclamando tanto verbalmente como por correo electrónico el cumplimiento de las condiciones previstas en el mismo».
También hay confusión sobre la duración del periodo de gracia porque en ocasiones el Govern habla del mes de abril y en otras dice que fueron dos meses y medio desde el inicio del contrato, con lo que sería a mediados de febrero.
EL APUNTE
SLTA se incorpora al seguimiento
La próxima reunión de la comisión de seguimiento, convocada para mañana, contará con la presencia de los sindicatos aéreos por primera vez. Hasta ahora, el Govern se había negado a que estuviera el Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla). La semana pasada aceptó que participara. Ayer, también comunicó al Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) que no tenía inconveniente en que también asistieran, tal como habían solicitado. Satse y Simebal también dieron luz verde ayer.