El Consell Consultiu emitió el pasado 14 de noviembre un dictamen sobre la revisión de oficio del Ayuntamiento de Sant Antoni del permiso de instalación del kiosco-bar de Cala Gració. En sus conclusiones, el Consultiu informa desfavorablemente «a la revisión de oficio del acuerdo de concesión del permiso de instalación para la actividad permanente mayor de kiosco-bar en la zona de Cala Gració».
Por tanto, la licencia que el anterior equipo de gobierno de Sant Antoni otorgó en abril de 2018 y que suspendió en un pleno extraordinario el pasado mes de abril de este año por considerarla «nula de pleno derecho» es válida. El actual equipo de gobierno, por tanto, debe llevar a pleno este informe del Consultiu y renunciar a la revisión de oficio de la licencia mencionada. O, dicho en otras palabras, con este informe del Consultiu, Sant Antoni debería permitir a la empresa promotora abrir el chiringuito de Cala Gració.
La decisión
Cabe recordar que en una sesión extraordinaria del pasado mes de abril, cuando aún gobernaba el anterior equipo de gobierno formado por socialistas, Reinicia y PI, el pleno del Consistorio aprobó (con el voto en contra del PP y la abstención del PI) la revisión de oficio del acuerdo de la junta de gobierno de 25 de abril de 2018 por el que concedió de manera urgente la licencia de actividad a la empresa promotora del chiringuito de Cala Gració al entender que este otorgamiento era «nulo de pleno derecho» por incumplir la normativa urbanística municipal. Este expediente conllevó la suspensión de la licencia otorgada el año pasado, por lo que el chiringuito de Cala Gració tampoco pudo abrir puertas este verano de 2019.
La empresa Bambagás presentó alegaciones y, una vez concluido el expediente, Sant Antoni dio traslado al Consell Consultiu, organismo que tiene la última palabra sobre si la concesión de licencia de actividad que se dio en abril de 2018 es nula o no. Así, el Consultiu informó en su dictamen del pasado 14 de noviembre de manera desfavorable sobre la revisión de oficio del acuerdo de concesión del permiso de instalación, lo que en otras palabras significa que el Ayuntamiento de Sant Antoni debe permitir a la promotora Bambagás abrir el chiringuito de Cala Gració de cara a 2020.
Cabe recordar que se trata de una concesión dada por Costas para cuatro temporadas de verano, que el año pasado no pudo abrir al no tener el informe municipal final de obra, pero sí todos las licencias e informes previos del Consistorio y que este verano tampoco abrió por el conflicto que mantienen con el Consistorio portmanyí, por lo que le quedarían dos temporadas más de explotación.
La reclamación
A principios de este año, la promotora Bambagás encargó un peritaje a una empresa de Barcelona para cuantificar las pérdidas económicas que le había supuesto no abrir sus puertas el verano pasado pese a contar con licencia para ello. El pasado 2 de mayo, esta empresa formalizó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Sant Antoni por «daños y perjuicios» causados a la promotora por no poder abrir a pesar de tener toda la documentación en regla ya que únicamente les faltaba el certificado final de obra, que el Consistorio portmanyí finalmente no emitió pese a haber otorgado previamente la licencia de actividad, por lo que por este motivo no pudieron abrir. Esta reclamación patrimonial de Bambagás contra el Ayuntamiento asciende a 675.412,89 euros «en concepto de daño emergente y lucro cesante». No se descarta que esta cantidad se pueda incrementar ya que este verano tampoco han abierto.
La polémica
La junta de Gobierno de Sant Antoni concedió a Bambagás el pasado 25 de abril de 2018 un permiso para instalar un quiosco-bar en la zona de dominio público de Punta Cala Gració. Previamente, Costas había concedido la autorización para ocupar esta zona con instalaciones de temporada.
Según recuerda el Consultiu en su informe, durante la tramitación del expediente administrativo de esta autorización se solicitó un informe al Ayuntamiento de Sant Antoni y a la Conselleria d'Ordenació del Territori del Govern, los cuales se emiten ambos en sentido favorable. Posteriormente a la concesión del permiso de actividad, Sant Antoni encargó la elaboración de informes en los que se indicaba que este permiso «incurría en vicios de nulidad de pleno derecho».
En otras palabras, tras haber concedido la licencia de actividad, el anterior equipo de gobierno de Sant Antoni encargó seis informes para intentar demostrar que la licencia que dieron el año pasado no era válida. De manera sintetizada, estos informes esgrimen que los planes de la empresa promotora no se ajustaban a lo que inicialmente presentaron para obtener la licencia de actividad, al tiempo que destacan que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los terrenos están clasificados como «suelo no urbanizable y se encuentran situados en paraje reservado», por lo que «no son susceptibles de transformación». También esgrimen que es necesario el permiso de obras, no sólo de instalación.
‘Lluvia' de informes
Mientras se estaban elaborando estos informes, la promotora del chiringuito presentó el 22 de mayo de 2018 una declaración responsable de inicio de actividad, así como un certificado técnico de instalación y obras «siguiendo el modelo oficial adaptado a la legislación de actividades y el anexo justificativo de las variaciones que ha sufrido el proyecto que no implican un nuevo permiso de instalación y obras», se extrae del dictamen del Consultiu. El 5 de julio de 2018, el secretario del Ayuntamiento de Sant Antoni emite un informe en el que señala que el PGOU determina la zona como ‘paraje reservado' que no permite transformación, pero consideró que al ser desmontable «no da lugar a una transformación del espacio». El secretario recordó, además, que la Conselleria de Territori del Govern consideró que el proyecto era suficiente cuando emitió su informe durante el proceso de concesión de la autorización de Costas. Las conclusiones del secretario de Sant Antoni determinan que «tanto el expediente administrativo tramitado por Costas como el tramitado por el Ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites exigidos por la legislación sectorial correspondiente de Costas, en el primer caso, y de actividades, en el segundo».
Posteriormente, es cuando el gobierno de Cires, mediante providencia de 10 de abril de este año, inicia los trámites para revisar de oficio la licencia de actividad que dieron el 25 de abril de 2018, incorporando los seis informes mencionados antes. El día 15 de abril de este año es cuando el pleno acuerda iniciar la revisión de oficio de la licencia por considerarla nula de pleno derecho. Con este acuerdo, se impidió que la empresa explotara este verano la instalación e instan a Bambagás a presentar alegaciones. Sant Antoni elevó al Consultiu la revisión de oficio de la licencia y ahora el organismo ha dictaminado que es válida.