La reubicación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y su salida de los sótanos de la nueva sede judicial de Ibiza podría llevarse a cabo, pero no sería antes de ejecutarse la segunda fase de construcción, un hecho que previsiblemente no llegará hasta dentro de tres o cuatro años.
Las protestas y reclamaciones del personal forense de Ibiza han empezado a obtener respuestas en forma de «compromisos verbales» por parte del Ministerio de Justicia, al tiempo que ha hecho aflorar notables diferencias entre algunos órganos judiciales y el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, especialmente con el personal del Instituto de Medicina Legal, según verbalizó ayer la portavoz de este colectivo, Elena Sanz.
Al igual que la semana pasada, a media mañana de ayer los trabajadores de la Clínica Médico Forense se concentraron ante la entrada del nuevo juzgado de Ibiza con las pancartas en las que denuncian una situación que, tal y como indicó Elena Sanz, sigue siendo igual de crítica. «Las circunstancias en el Instituto de Medicina Legal siguen siendo las mismas y, por tanto, la actividad normal sigue estando paralizada. Se han estado sacando cuestiones urgentes de guardia, pero el funcionamiento normal sigue paralizado», remarcó. Sanz avanzó que desde el Ministerio tienen «un anuncio verbal con un compromiso para estudiar la situación y la posible reubicación. Está todo en el aire y habrá que esperar. La arquitecta tiene previsto venir en breve para estudiar la situación y las posibles modificaciones que se puedan hacer», añadió.
Sanz también valoró las propuestas del juez decano, Juan Carlos Torres, en el sentido de habilitar algunos espacios de la Clínica Forense cerca del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero a partir de ahí dirigió una serie de reproches. «El juez decano nos propone cedernos unos despachos en su juzgado. Esto nosotros lo vemos útil para salvar la situación uno o dos días como vía urgente, pero no como método de trabajo. Además, estamos empezando a ver, con estas propuestas, un intento de instrumentalizar un problema que es del Instituto de Medicina Legal y de todos los juzgados en beneficio propio y de forma unidireccional, de forma que con estas propuestas nosotros no conseguimos ni el 15 por ciento de las demandas más básicas que estamos planteando y de hecho esperamos que estas propuestas del juez decano no vengan a obstaculizar las propuestas más lógicas y funcionales que vengan del Ministerio», argumentó.
Asimismo, destacó que las condiciones que presentan las actuales dependencias localizadas en los sótanos del edificio «no son de recibo ni las óptimas» para un servicio que «trabaja, prepara, custodia y conserva muestras biológicas. Estas dependencias no están previstas ni diseñadas para ello», recalcó Sanz, quien apostilló que estas deficiencias «pueden conllevar que se puedan invalidar pruebas judiciales e investigaciones, y esto no parece despertar el más mínimo rubor o preocupación por parte de nadie. Es más, tenemos que escuchar en boca del juez decano que solo faltan dos remates y cuatro flecos. No damos crédito a esto y ojalá tuviéramos la inyección de la cordura», remarcó.
Elena Sanz hizo hincapié en que la «ubicación ideal, y que está propuesta, es la ubicación del Instituto Legal en la planta baja integrando el servicio de Clínica Forense con el servicio de psicosocial. Hay espacio para ello, pero tiene que haber voluntad», concluyó.
Juez decano y TSJIB
Al conocer las declaraciones, el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, expresó su sorpresa por las críticas recibidas y subrayó que ningún gestor judicial del edificio nuevo «actúa en beneficio personal, sino atendiendo lo mejor para los usuarios» y remarcó que tal y como está diseñado el edificio «un espacio único es inviable». Así, según indicó, «casi todos los órganos judiciales, salvo la Fiscalía, comparten espacios».
Juan Carlos Torres incidió en el hecho de que la posible reubicación podría llegar con la segunda fase de construcción, «dentro de tres o cuatro años», pero insistió en que la planta baja está diseñada para ocho salas de vista.
La reubicación no tiene fecha y será a largo plazo. Para recortarlos, el senador del PP José Vicente Marí Bosó, y el diputado Miquel Jerez, reclamaron ayer que la segunda fase se incluya «cuanto antes en los Presupuestos Generales». Así lo indicó Marí Bosó tras realizar una visita al edificio judicial «arrancado en 2015 por un gobierno del PP», indicó.
Horas después, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears emitía un comunicado de prensa en el que se indicaba que el presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, que visitará la nueva sede judicial el próximo martes, «ha obtenido un compromiso de la Subirección General de Organización y Medios, así como de la Subdirección General de Obras y Patrimonio, del Ministerio de Justicia, para reubicar la Clínica Médico Forense durante la segunda fase de construcción del edificio recién estrenado, sin perjuicio de estudiar medidas alternativas entre tanto».