«El Ministerio va a buscar una salida a los problemas que se están planteando. En cuanto se pueda empezar la segunda fase y haya presupuesto, vamos a intentar dar un impulso a cuestiones como el Juzgado de Guardia y vamos a ver si la Clínica Médico Forense puede o no esperar. Lo vamos a estudiar todo con espíritu de colaboración y el ánimo de dar soluciones». Es el discurso de buenas intenciones verbalizado ayer por la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre Sancho, durante su visita a la nueva sede judicial de sa Graduada.
La responsable de Justicia, que compareció ante los medios junto al delegado del Gobierno, Ramon Morey, rehuyó concretar alguna fecha sobre posibles reubicaciones y obras y lo circunscribió todo a la confección de los presupuestos y la viabilidad técnica de los posibles cambios.
Los principales problemas puestos sobre la mesa hacen referencia a la ubicación en los sótanos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este punto, Latorre insistió en la necesidad de realizar una serie de informes técnicos. «Hay que analizar y priorizar porque un cambio de ubicación significa que pueda afectar a otros departamentos. Se han planteado varias posibilidades y hay que estudiarlo», argumentó la subsecretaria de Justicia que encabezaba la delegación que mantuvo un encuentro con el personal forense para conocer de primera mano sus reclamaciones.
Analizar el caso de la Forensía
Latorre abrió el abanico de posibilidades a separar algunos servicios de la Forensía tras analizar los problemas de salud laboral y la falta de garantías a las víctimas. «hay que ver los productos que utilizan los forenses y también hemos encargado un informe a Riesgos Laborales. Hemos venido con el arquitecto para ver dónde están los problemas y sabemos que la climatización no está a pleno rendimiento a causa de unas humedades. Este edificio tiene suficiente espacio como para poder buscar soluciones. Lo importante es que las personas tengan un espacio de trabajo digno, que puedan trabajar a gusto», argumentó la responsable de Justicia.
Latorre Sancho advirtió que el motivo de su visita era comprobar in situ cómo está siendo la adaptación y los problemas que se plantean en la nueva sede judicial de Ibiza. «Para el Ministerio, Baleares es una prioridad», indicó Latorre, quien encabezó una amplia delegación formada por un equipo técnico de siete personas: tres arquitectos, una directora de obras, el subdirector de Recursos Humanos de Justicia, el gerente territorial de Justicia y la subdirectora encargada de Relaciones con Justicia.
Respecto a la petición de los jueces para habilitar el Juzgado de Guardia sin esperar a la segunda fase de construcción, la subsecretaria recurrió a los técnicos y advirtió que «se estudiará si se puede disponer de un espacio para que los juzgados no sigan teniendo que hacer las guardias en sus propias dependencias».
Del discurso de Latorre se desprendió que las posibles soluciones quedarán supeditadas a los estudios técnicos y al dinero. «Existiendo posibilidades de hacerlo, no hay ningún problema, pero nosotros tenemos unos marcos jurídicos en lo relativo a contratos del Estado para hacer obras. Cualquier obra que se adjudique que pase de una cuantía tiene que salir a concurso público y eso lleva sus plazos, términos... Hay que estudiar las cosas y estamos dispuestos a estudiarlo todo», insistió.
Desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses valoraron la predisposición expresada para buscar soluciones. Sa Graduada queda pendiente, una vez más, de los informes técnicos y los presupuestos de Madrid.