Podemos Ibiza cierra filas y se decanta por la ‘ley del silencio' en torno a la polémica por el pago de pluses por residencia a altos cargos del Govern y ha optado por el silencio más absoluto. Quince altos cargos que no tienen su residencia fija en Mallorca –entre ellos la portavoz del Ejecutivo, la ibicenca Pilar Costa, y el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons– reciben esta indemnización. Sin embargo, la polémica no viene de estos casos, sino de otros más recientes. Hay siete altos cargos nombrados a propuesta de Podemos que proceden de fuera de las Balears.
El plus
La indemnización para cubrir gastos de residencia y traslados es de 22.000 euros anuales, que se suman a su salario. No fue hasta 2011 cuando este sistema de indemnización se extendió a quienes estaban empadronados fuera de Balears. Así lo recordó el viernes en el Consell de Govern Pilar Costa, quien defendió que el Govern no se plantea revisar este plus y que cada cargo del Govern (asesores incluidos) firma un código ético y documentan sus gastos y patrimonio en registros de bienes a los que cualquier persona tiene acceso. Més per Menorca, que no tiene representación en el Govern, ha presentado una enmienda a los Presupuestos de la Comunitat para que este plus o indemnización, como prefieren llamarlo desde el Govern, no se pague a quienes proceden de la Península. El PI, Més per Mallorca y Cs apoyarán esta enmienda, mientras que PP, PSIB y Podemos defienden la existencia de este sistema de pluses.
La tensión
El momento más tenso vino dado cuando el vicepresidente Yllanes (Podemos) afirmó que el plus no le parecía «exagerado» y que entendía que «el debate entre mallorquines y forasteros estaba superado». Por estas declaraciones, Cristina Gómez (Podemos Menorca), crítica con la dirección del partido y único cargo de Podemos en el Consell de Menorca, dijo que el plus «es indefendible» y exige la dimisión de Mae de la Concha al frente de Podemos en Balears. Por su parte, la formación morada en las Pitiusas se mantiene al margen y ha optado por la ‘ley del silencio'. La secretaria general de Podemos Ibiza, Viviana de Sans, no atendió las llamadas de este rotativo durante todo el día de ayer, igual que tampoco lo hicieron Gianandrea di Terlizzi, portavoz insular del partido morado, ni Gloria Santiago, que actualmente es vicepresidenta del Parlament balear. Cabe recordar que tanto Di Terlizzi, como Santiago y De Sans son afines a Mae de la Concha.
Entre los nombres que figuran en el listado de altos cargos que cobran esta indemnización se encuentran tres ibicencos socialistas: Antonio Lorenzo, Pilar Costa y Ramón Roca. Antonio Lorenzo es secretario general del PSOE Sant Antoni, fue nombrado en esta nueva legislatura jefe de secretaría del gabinete de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern, cuya consellera es la ibicenca Pilar Costa, y se mantiene como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Antoni. Lorenzo, según la información que aparece publicada en el Portal de Transparència del Govern, percibe un salario de 30.621,37 euros como jefe de secretaría del gabinete de Presidència. Según aparece en el citado portal, en esta cantidad no se incluyen los «trienios u otros conceptos que se puedan derivar de otros regímenes jurídicos de la persona que ocupa el cargo (funcionario, laboral)», así como tampoco la indemnización de 22.000 euros en doce mensualidades por residir en Ibiza. Lorenzo cobra también dietas por asistir a los plenos de Sant Antoni (300 euros) y 250 euros por asistencia a comisiones informativas. Por su parte, Pilar Costa recibe un salario anual de 58.461,06 euros como consellera de Presidència, Cultura i Igualtat. Costa también percibe el plus o indemnización de residencia de 22.000 euros (en total, Pilar Costa percibe anualmente 80.461,06 euros). El socialista y exdirector insular de la Administración Generaldel Estado en las Pitiusas Ramón Roca Mérida, por su parte, tiene un salario marcado de 56.317,46 euros como director general de Modernització i Administració Digital del Govern que se ha creado en esta legislatura. Roca percibe también la indemnización por residir fuera de Mallorca de 22.000 euros anuales (en total, suma 78.317,46 euros anuales).