El Consell d'Eivissa mantiene paralizadas las obras ilegales que se estaban ejecutando en una parcela en rústico común en Sant Josep y que ordenó suspender al no recibir respuesta del Ayuntamiento de Sant Josep tras los requerimientos enviados.
De momento, la máxima institución insular está en predisposición de subrogarse la competencia, ya que «se le dio un mes para ordenar el derribo de la parte construida hasta el momento o gestionar su legalización». Esto significa que como el Consell no ha sido informado de ninguna actuación en este sentido, «tomamos nosotros la competencia, pero aún no se ha hecho a la espera de novedades», detalló el Consell.
Además, dado que los terrenos donde se están realizando las obras tienen categoría de suelo rústico común (general y forestal), el Consell requirió a Sant Josep la aportación de información e inicio del procedimiento de restablecimiento sobre lo que, por el momento, «no hay respuesta».
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep recordó que la propiedad ha presentado tres solicitudes para iniciar tres expedientes de legalización, segregación y demolición. «Desde el Ayuntamiento se está revisando la documentación», matizaron.
Sin licencia
Según consta en el informe de inspección emitido por el celador del departamento de Gestión del Territorio el 30 de octubre de 2019, la propietaria de los terrenos se personó durante la inspección y afirmó que no disponía de licencia de obras.
A pesar de ello, en la finca se han construido diversas edificaciones y una piscina; de hecho, en las imágenes adjuntas, se puede observar hasta un total de cinco. «El conjunto tiene la disposición y características propias de un establecimiento turístico (agroturismo u hotel rural)», indica.
Asimismo, añade que las obras –que se iniciaron a finales de 2017 o principios de 2018– están en un estado «muy avanzado», pero todavía hay partes inacabadas. «Las edificaciones son de nueva planta y en la finca ya había una pequeña construcción que no ha sido posible identificar visualmente durante esta inspección y que, probablemente, ha sido derribada», especifica el celador.
El conjunto de las obras ocupa tanto terrenos de uso agrícola como forestales y se estima que hay unos 500 metros cuadrados construidos y unos 6.000 metros cuadrados de terreno afectado, según fuentes consultadas.
El informe señala que para acceder a las construcciones se ha abierto un camino de unos 300 metros de longitud que discurre por el extremo de la finca; finca donde se ha observado que hay un punto de extracción de agua del subsuelo que sí que cuenta con autorización.
En lo que se refiere a sanciones, el Consell d'Eivissa recordó que el incumplimiento de la orden de suspensión puede suponer la imposición de multas coercitivas sucesivas para periodos mínimos de diez días y una cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras ejecutadas y, como mínimo, de 600 euros.