No habrá «grandes nuevos crecimientos», sino que se apostará por completar infraestructuras y equipamientos en las zonas ya consolidadas. Sant Josep inició la semana pasada la andadura para elaborar un nuevo Plan General de Ordenación (PGOU) que sustituya las Normas Subsidiarias de 1986. El alcalde, Josep Marí y el concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero presentaron ayer las líneas básicas de la licitación del nuevo plan a los medios de comunicación.
Un texto con el que se proyecta el futuro del municipio, que preverá dotaciones como el nuevo colegio y el centro cultural en Sant Jordi o infraestructuras como la circunvalación al núcleo urbano de Sant Josep o las depuradoras de Cala Vadella o Caló d'es Real, entre otras que se destacaron durante la rueda de prensa.
El proyecto de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado miércoles. La licitación de los trabajos está estimada en 1.331.000 euros.
Proyecto complejo
No es la primera vez que se aborda por parte del municipio la redacción de un nuevo PGOU, recordó el alcalde. Ya se quiso iniciar durante la anterior legislatura, pero se aplazó debido a la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB).
El concejal de Urbanismo subrayó la dificultad que supondrá la elaboración de este documento que, «hasta su aprobación definitiva», podría tardar ocho o diez años. Es por ello que recalcó que el actual equipo de gobierno buscará «la mayor participación y transparencia» en un proyecto que podría durar más de una legislatura.
Tras la licitación, que se estima en un plazo de tres meses, la empresa encargada iniciará los trabajos de análisis del municipio a nivel de población, territorio e infraestructuras. «Ahora mismo este municipio no tiene ni siquiera un registro de cuánto suelo disponible queda del anterior plan», explicó Guerrero.
Desde el Ayuntamiento se espera que el primer diagnóstico del municipio esté listo antes de acabar el año 2020. Los pliegos conceden un plazo de ocho meses para la redacción de esta parte del proyecto desde la firma del contrato.
El procedimiento prevé procesos de participación pública para favorecer que los particulares y entidades puedan seguir la evolución de su redacción y plantear las posibles alegaciones.
Los pliegos estipulan que durante los períodos de información pública haya disponible en la sede del Ayuntamiento una persona de perfil técnico de 09.00 a 14.00 horas. Esta persona deberá informar semanalmente al responsable del contrato de las consultas que se vayan planteando.
El nuevo PGOU sustituirá un plan «desfasado» y «que no está adaptado a ninguna de las normativas» posteriores al año 86, explicó Marí para denotar la importancia del nuevo texto.
El concejal de Urbanismo apuntó la necesidad de poner orden en el desarrollo urbano de un municipio salpicado por episodios de corrupción con «un urbanismo a la carta» que ha provocado una situación «casi imposible de gestionar» debido a un desarrollo que no ofrecía terreno para dotaciones municipales.
A modo de ejemplo puso la zona de Cala de Bou, en la que hay una población de en torno a 12.000 personas, donde el Ayuntamiento solo cuenta «con las calles y 3.000 metros cuadrados de terreno», algo que ha provocado que «los equipamientos se hayan tenido que crear en el exterior de la zona urbana» al no disponer de terrenos.
EL APUNTE
Un 10 % de las áreas «bien desarrolladas»
uEl PGOU de 1986 de Sant Josep recogía la existencia de 848 hectáreas (has) de suelo urbano y 2.160 urbanizables divididas en un centenar de unidades de actuación. Algo que posibilitaba la urbanización del 13,55 % del territorio de Sant Josep. Este desarrollismo urbanístico se redujo prácticamente a la mitad con la Ley 6/1999, que dejaba las áreas de desarrollo urbano en 1.151 hectáreas, un 7,22 % del territorio.
El concejal de Urbanismo detalló que, en la actualidad, el municipio cuenta con 83 unidades de actuación de las que solo ocho están «bien desarrolladas». En el resto existen problemas de alineación de calles o falta de terrenos cedidos al Ayuntamiento. La normativa urbanística ya establecía en su redacción anterior que el Consistorio debía disponer del 15 % del territorio para el desarrollo de infraestructuras y dotaciones para la población como parques, plazas, hospitales o colegios.
Otro de los cambios importantes en la normativa es el desarrollo humano. Mientras en el anterior plan estaba previsto un crecimiento de hasta 70.000 habitantes al no tener en cuenta los recursos disponibles, el actual podría estar en torno a los 50.000.