Dar la posibilidad a los propietarios de dividir su piso en dos o más viviendas sencillamente presentando una comunicación previa al ayuntamiento o permitir, mediante acuerdo de pleno, que en determinadas zonas se puedan edificar promociones que excedan el número de viviendas que permite el plan urbanístico municipal.
Estas son dos de las medidas que el Partido Popular plantea para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda en Balears. Ambas están recogidas en la propuesta de ley presentada el 30 de enero por el grupo parlamentario con el objetivo de «agiliza la tramitación administrativa de licencias» para incrementar la oferta de vivienda a un precio asequible.
En el caso de la división de viviendas, no se fija límite de divisiones y se podrán llevar a cabo sencillamente con una comunicación previa al Ayuntamiento siempre que no suponga una ampliación del piso.
Las viviendas resultantes deberán cumplir la normativa en materia de habitabilidad. Se establece un precio máximo de 2.500 euros/m2 y se deberán destinar a vivienda habitual en caso de venta o al alquiler.
Por otra parte la norma prevé que en los municipios de más de 20.000 habitantes «en los que exista una constatada necesidad habitacional», el pleno del Ayuntamiento pueda delimitar zonas en las que se puedan construir promociones de vivienda «sin estar sujeta a los usos y los índices de intensidad de uso previstos en el planeamiento». Además las edificaciones podrán superar en una planta la altura prevista en el plan de ordenación.
Desde el PP puntualizan en que estas medidas podrían tomarse solo en determinados lugares del municipio donde haya una necesidad habitacional valorada por el propio ayuntamiento.
Señalan que el objetivo es eliminar las «trabas burocráticas» para facilitar que se pueda poner vivienda en el mercado en determinadas condiciones y cumpliendo los requisitos que establece la ley.
De este modo indican que se quiere «paliar una necesidad objetiva» y «poner vivienda asequible en el mercado».
Medidas fiscales
La ley también prevé una serie de medidas para reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos en materia de vivienda y para promover la adquisición de vivienda habitual.
Entre las primeras está la posibilidad de obtener deducciones en el IRPF del 15 por ciento de los importes pagados en concepto de alquiler a los arrendatarios (hasta un máximo de 600 euros) y de las rentas recibidas para los arrendadores (hasta los 300 euros). También se establece un tipo reducido del cuatro por ciento en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para la compraventa de vivienda habitual y superreducido del dos por ciento en el caso de menores de 30 años, las personas con una discapacidad del 33 por ciento o superior y las familias numerosas y monoparentales.
En cuanto a la promoción de la adquisición de vivienda, la proposición de ley establece que el Govern avalará hasta el 25 por ciento de los préstamos hipotecarios que se suscriban para la adquisición de vivienda habitual que no supere el precio de 200.000 euros o de 300.000 euros en el caso de familias numerosas.