El Consell d'Eivissa quiere una herramienta exprés que permita la recalificación de terrenos de las áreas de transición de los municipios para construir Vivienda de Protección Oficial (VPO). Para ello, solicitará al Govern, a través del próximo Consell Executiu, que modifique la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) para que sea posible esta tramitación rápida que permita modificar el planeamiento municipal en estas zonas de las afueras de los municipios.
Una propuesta «abierta», según el conseller de Territori, Mariano Juan, que se puede «discutir y modificar todo lo que se quiera». «No puede ser que unas modificaciones puntuales de planeamiento que tienen que pasar por Medi Ambient tarden dos años. Tiene que existir una vía exprés que permita modificar el planeamiento si es necesario construir nueva VPO», defendió.
La medida estaría abierta a la construcción de promociones de VPO tanto públicas como privadas. El conseller hizo hincapié en señalar que tanto unas como otras tienen un precio tasado legalmente, por lo que en ambos casos se pondría vivienda a precios asequibles a disposición de los ciudadanos.
También señaló que el proyecto no busca la generalización de esta medida para todo el entorno periurbano, sino que se permita agilizar la puesta en marcha de «alguna» promoción de VPO en estos terrenos «a los que se orienta el crecimiento de la ciudad» cumpliendo los requisitos que establezca la ley.
«Dado que los planes municipales tardan muchísimo en actualizarse, permitamos un mecanismo en la ley que permita que el Consell marque algunas zonas en las que el PTI ya prevé crecimiento para hacer VPO», explicó respecto a la propuesta. Unos crecimientos que deberían ir ligados a los planes de recursos hídricos.
Se trataría de un procedimiento excepcional, restrictivo que, según Juan, supondría una herramienta para agilizar la disponibilidad de vivienda. «Lo que no puede ser es que estemos hablando de emergencia habitacional y que no hagamos nada», indicó.
Desde su punto de vista, la velocidad actual del Govern para construir VPO pública no es suficiente, por lo que esta modificación también agilizaría la puesta a disposición de suelo a la administración autonómica.
«Creo que el Govern balear debe dar un paso valiente, dada la excepcionalidad que vivimos, para agilizar la construcción de viviendas de protección oficial», consideró.
Por otra parte, indicó que se hará partícipes a los municipios de la medida a través del Consell de Alcaldes para que puedan plantear alternativas.
Una propuesta existente
El conseller de Territori recordó que ya se hizo una propuesta similar hace dos años por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària cuando el propio Juan era concejal de Urbanisme en el municipio.
La propuesta, aprobada por unanimidad en el pleno en mayo de 2018, no recibió respuesta del Govern. Juan indicó que trató esta idea personalmente en su momento con el conseller balear de Vivenda, Marc Pons, y que no tenía constancia de que el Govern tampoco la hubiera desechado.
EL APUNTE
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El concejal de Vivenda de Vila, Aitor Morrás, instó a los ayuntamientos de la isla a que «antes de apoyar medidas de más crecimiento urbanístico hagan un mapeo para conocer en qué situación se encuentran las viviendas de su municipio». En declaraciones a este periódico, el concejal informó de que, según datos municipales, existen 24.000 viviendas en la ciudad «y en 7.000 de ellas no hay nadie empadronado». Morrás indicó que este mapeo facilitaría la inspección de viviendas para detectar posibles usos turísticos ilegales. «Si hiciéramos esto, seguramente llegaríamos a la conclusión de que el problema no es que no hay suficientes viviendas, sino que se están utilizando para actividades irregulares o ilícitas». Indicó que el municipio de Vila quiere llevar a cabo este mapeo, dado que se considera que «vivienda hay de sobra», pero no se está destinando al uso residencial. Por otra parte, indicó la necesidad de que el Consell colabore en esta medida a través de la oficina contra el intrusismo.