El notario de Formentera y jurista, Javier González Granado (Ourense, 1966) es padre de dos niños que estudian en el Instituto Marc Ferrer y vicepresidente de la Apima del centro. Periódico de Ibiza y Formentera ha conversado con él sobre el registro antidroga en las aulas, con la unidad canina de la semana pasada. La unidad especializada escogió a diversos alumnos aleatoriamente que fueron husmeados sin encontrar ninguna sustancia.
La actuación de la policía en el interior de las aulas, registrando a menores con una unidad canina antidrogas, ha abierto el debate de cómo abordar estos asuntos con los menores.
¿En qué punto están ahora?
—En la reunión que mantuvimos con la dirección del centro y los representantes del Consell Insular, consensuamos que la actuación no había cumplido los objetivos pedagógicos y se nos ha asegurado que no se va a volver a repetir otra actuación de este tipo.
¿Todos los miembros de la Asociación de Padres y Madres coincidían en que la acción fue desproporcionada?
—No, al igual que entre los miembros de la junta directiva de la Apima tenemos sensibilidades distintas respecto a este asunto, también algunos padres y madres respaldan totalmente la actuación y a otros nos parece desacertada desde el punto de vista pedagógico.
Y desde un punto de vista personal, ¿cuál es su opinión?
—En este tipo de actuaciones, no se debe solapar lo que es una actuación policial operativa con finalidad de sanción o confiscación de sustancias, con actividades pedagógicas como charlas, conferencias o cualquier otra, que está desarrollando y muy bien la policía tutora y que se deben seguir haciendo.
Como jurista usted ha publicado en las redes sociales cuáles son los requisitos que debe cumplir una actuación policial de este tipo ¿Cuáles son?
—Lo primero es que la entrada al centro educativo debe producirse con la autorización de la dirección del centro o en su defecto con una autorización judicial. En el caso de que se trate de una sospecha de tráfico de drogas, estaríamos hablando de un delito y en el momento en que hay un menor implicado en un delito, es el Ministerio Fiscal el que tiene que hacerse cargo de toda la incoación del expediente según la ley de protección del menor. Si no hay delito, es decir que se trata de un caso de mera tenencia, pues entra en juego la ley de seguridad ciudadana y aquí lo que se exige es que el trato al menor tiene que ser exquisito desde el punto de vista del respeto a sus derechos y especialmente a su intimidad. De manera que todas las actuaciones de cacheo, registros, inspecciones deben hacerse en un lugar reservado y apartado de la vista de terceros.
¿Ese no fue el caso del registro de Formentera?
—No, con lo cual desde mi punto de vista quedarían vetadas legalmente todas las actuaciones colectivas en las que se inspeccionan a unos alumnos a la vista de otros.
La dirección del centro y la policía insisten en que la acción del Marc Ferrer no fue un registro, fue una actividad pedagógica.
—A mi entender, el problema fue que se solaparon las dos cuestiones, se pretendía hacer una actividad pedagógica, pero en caso de haberse encontrado alguna sustancia, habría dado lugar a una sanción. En ese caso se deben diferenciar claramente.
¿Hay un problema de drogas en el instituto de Formentera?
—Según nos ha trasladado la dirección del centro, no hay un problema generalizado de consumo de drogas.