La Policía Nacional emitió ayer una propuesta de sanción contra Cristóbal (nombre ficticio de cuya actividad se hizo eco Periódico de Ibiza y Formentera en la edición del pasado viernes 17 de abril) por incumplimiento del Real Decreto 463/2020 por el que se decreta el estado de alarma, según informó la Delegación del Gobierno de Balears. Los agentes redactaron el acta mientras el amonestado y las personas que colaboran con él repartían alimentos y artículos de primera necesidad a personas necesitadas en un local cedido en la calle Pérez Cabrero y Tur de Vila.
«Hemos abierto esta mañana (por ayer) el local y unas 75 personas se han llevado lo que necesitaban. Vino la policía dos veces, me dijeron que veían que todo estaba en orden pero que me tenían que sancionar», explicó Cristóbal.
Desde Delegación del Gobierno recalcaron que, a pesar de que realiza una «actividad loable» que busca ayudar a las personas necesitadas mediante el reparto de alimentos, esta actividad se realiza sin la correspondiente autorización administrativa y por tanto supone incumplir las restricciones a la movilidad que establece el real drecreto. Además apuntaron que la concentración de personas que puede generar es una de las situaciones que se busca evitar mediante las medidas establecidas por el estado de alarma, dado que podría suponer un foco de contagio.
Cristóbal manifestó que no tiene intención de constituirse como asociación o solicitar un permiso administrativo para realizar el reparto de alimentos y enseres de forma reglada, que seguirá llevando a cabo mientras haya gente que lo necesite y él siga recibiendo donaciones.
«Nosotros estamos de paso, esto es algo que tendrían que hacer las instituciones. Lo que no puede ser es que personas que se han quedado sin ingresos por esta situación tengan cita con los servicios sociales para dentro de 20 días», comentaba respecto a un caso particular, «y mientras tanto estén sin nada».
Asegura que durante el reparto siguen las recomendaciones sanitarias, que reparte guantes y mascarillas entre las personas que acuden a coger lo que necesitan y que se mantiene la distancia de seguridad en la calle y dentro del almacén.
«Somos un movimiento social que lo único que hace es demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma», defendió.
EL APUNTE
Mucho apoyo a través de las redes sociales
En la página ‘La voz que nadie quiere escuchar' de la red social Facebook, Cristóbal comparte las acciones que va realizando. Allí dio cuenta del traslado del reparto de alimentos de la terraza de su domicilio particular a un local cedido en la calle Pérez Cabrero i Tur. El pasado sábado publicó que desde la Policía Nacional le habían informado de que no podía continuar con la actividad de reparto de alimentos. También ayer redactó otra publicación en la que daba cuenta de el levantamiento del acta policial. Ambas publicaciones recibieron en torno a un centenar de comentarios de apoyo. El grupo público tiene cerca de 8.000 miembros.