El abogado experto en urbanismo Manuel Alcaide (1963, Ibiza), defiende que hay promotores que tienen capacidad de invertir en estos momentos. «Se lo hemos de poner fácil para que inviertan dentro de la legalidad», insiste. Destaca el papel multiplicador de las segundas residencias. Y confía en que «la construcción tire del carro» y minimice «la pérdida turística».
—La construcción es el único sector que puede absorber en parte la falta de turismo. ¿Qué medidas hacen falta para favorecer el dinamismo del sector?
—El sector turístico era el que tiraba de la economía de Ibiza. Ahora tenemos que examinar qué otros posibles actores en este escenario pueden asumir el trabajo. Y la construcción es el segundo motor de la economía.
Algunas de las medidas que deberían tomarse ya han sido adoptadas en otras comunidades y ayuntamientos antes de esta crisis y es algo que se viene reclamando de diversos colectivos.
La primera es la simplificación de trámites en los procedimientos de obtención de licencias. Es crucial que se reduzcan y simplifiquen los trámites.
En las autorizaciones previas deberían ser sustituidos los informes por declaraciones responsables en todos aquellos casos en los que tenga sentido, en proyectos de reformas y rehabilitaciones de viviendas legalmente existentes. Este cambio agilizaría mucho los trámites y reduciría los plazos. Es absurdo que tarde lo mismo una licencia de reforma que una obra nueva. Esta es una ventaja, la reducción de plazos.
Otra es que liberaría de carga de trabajo a los técnicos que tienen que informar otras licencias. Evidentemente, estas medidas han de ser complementadas con una labor inspectora más fuerte para que se cumplan la legalidad.
—En otros sitios han implementado medidas como las que propone, ¿cómo lo han hecho?
—Es sencillo. Andalucía lo hizo antes del estado de alarma a través de un decreto ley del gobierno andaluz para el fomento de la economía. Es una medida de muy fácil puesta en marcha. Aquí le corresponde al Govern balear y también debería afectar a los expedientes en tramitación a través de una disposición transitoria.
Si hay voluntad, no entraña demasiada complejidad, siempre que no suponga modificación de parámetros, en cuyo caso no podría utilizarse la vía de la declaración responsable.
—Con la crisis de actividad que tenemos encima, parece insuficiente.
—En obras nuevas en suelo rústico, tenemos procedimiento bifásico, con la participación del ayuntamiento y del Consell Insular. Un procedimiento que debería tardar seis meses, tres meses en cada institución, en la práctica, tarda como mínimo dos años, pero es muy fácil que se alargue más. Es algo absolutamente inasumible, absurdo y no tiene la más mínima lógica porque muchas veces fiscalizan lo mismo.
— ¿Duplican el trabajo?
—Sí, muchas veces se está revisando lo mismo. Creo que el procedimiento podría simplificarse en el trámite municipal y que el Consell asumiera un mayor protagonismo en la elaboración de los informes. El ayuntamiento debería revisar que la información está completa, pasarla al Consell y luego dar la licencia.
— ¿No sería más fácil que el Consell hiciera todo el trámite?
—Legalmente es muy complicado. Una cosa es asumir el papel fundamental y otra el otorgamiento, que es competencia del ayuntamiento.
— ¿Hace falta más personal?
—Obviamente necesitamos más medios para evitar unos plazos inasumibles. No creo que en ningún sitio de España tengan el retraso que tenemos aquí. Me consta que los técnicos tienen una carga de trabajo inaceptable. Han de atender las consultas de los ciudadanos, reunirse con los políticos, examinar expedientes que en ocasiones son complejos y entrañan una gran responsabilidad. Pero las licencias reportan ingresos. El ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) es una fuente de ingresos.
— Es decir, ¿que esos recursos se pagan solos?
—Por supuesto.
— ¿Se están externalizando parte de esos trámites?
—Que yo sepa no. En algún momento se externalizaban algunos informes. Esta medida podría ser interesante en colaboración con colegios profesionales. No pueden quedar los procedimientos paralizados porque falten medios.
— Los arquitectos dicen que la media de otorgamiento de una licencia es de 26 meses, cuando debería ser tres.
—Si es en suelo urbano tres meses, en suelo rústico, seis como plazos máximos. Me parece poco [los 26 meses] porque a veces los plazos son incluso más largos.
— ¿El silencio administrativo positivo ciencia es ciencia ficción?
—Sí, nadie empezaría una obra sabiendo que luego pueden venir a decir que no se cumple la normativa.
— ¿Existe discrecionalidad de los funcionarios, falta de claridad en las normas o las dos cosas?
—Legalmente no hay discrecionalidad, es un acto reglado. En teoría, no hay margen para ello en la concesión de una licencia. Sí que es verdad que a veces una misma normativa se interpreta de manera de diferente en función de quien sea el técnico que lo informe. Se echa en falta una unificación de criterios. Creo que el Consell debería ayudar a clarificar los diferentes criterios interpretativos.
— ¿Dentro de la misma administración se producen estas contradicciones?
—No, administraciones distintas. Hay que dar seguridad jurídica.
— ¿Qué otras medidas contribuirían a dinamizar el sector?
—La declaración responsable para cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación, que en obra nueva son una duplicidad.
— Pero esta medida no beneficia a la construcción.
—No, pero es necesario para vender la vivienda. Sin este trámite no se puede entregar una vivienda y detrás de la entrega de una vivienda hay mucha más gente implicada, tanto profesionales como comercio y otros sectores implicados.
— ¿Es el momento de plantear recuperar una norma parecida a la aprobada en 2014 cuando se permitió legalizar a cambio de pagar?
—Recuperar esta medida podría estudiarse, me pareció razonable en su momento y me parece razonable ahora. No consume territorio, lo único que hace es regularizar y legalizar algo que ya existe y que no se va a demoler nunca. Van a seguir siendo habitadas y todo el trabajo que se hace a través de economía sumergida, sin que los ayuntamientos cobren nada, y al margen de la legalidad, se podría hacer legalmente. Además de los ingresos por la legalización, daría mucho trabajo a los técnicos que participan en el trámite. Esta medida también se tomó en Andalucía antes de la crisis. Puede tener detractores, pero la realidad nos demuestra que estas viviendas nunca se tiran. Es preferible buscar fórmulas para legalizar e introducir aquellas medidas correctoras de integración paisajística y de ahorro energético por ejemplo, que dejarlas en una situación de alegalidad.
— La situación de los planeamientos no ayuda.
—Es muy importante agilizar los instrumentos de revisión de planeamiento. Hay ayuntamientos, con una especial problemática en los suelos urbanos, que se arrastra desde hace muchos años, lo que tiene paralizado y bloqueado el otorgamiento de licencias.
Las unidades de actuación, como en Cala Vadella, se han desarrollado de forma irregular y el problema es que ahora los propietarios de casas no pueden reformarlas, no hay servicios, no se pueden dar licencias nuevas. Es necesaria una colaboración entre administraciones.
— Una normativa balear debería facilitar la aprobación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico.
—Sant Josep tiene una problemática muy particular y solo se puede resolver con modificaciones puntuales, algo que tiene una complicación legal porque estas modificaciones podrían estar encubriendo una revisión general. Me inclino más por la solución que se adoptó para Santa Eulària en 2004. Suspender planeamiento y que el Consell apruebe unas Normas Subsidiarias provisionales hasta la aprobación del nuevo planeamiento. Esto es muy fácil.
— ¿Es partidario de permitir ciertas ampliaciones en las viviendas construidas?
—Debidamente estudiadas y justificadas, de una manera limitada y con medidas complementarias de protección ambiental y de integración paisajística, sí.
Otra medida muy importante es prorrogar la opción de permitir ciertas ampliaciones en los establecimientos turísticos y cuyo plazo acaba el 31 de julio de este año.
Quien tenga pulmón financiero que puedan acometer las obras de reforma de su establecimiento este año que no habrá turismo.
— Los sindicatos y la patronal reclaman un impulso a la obra pública.
—Sin duda. Pero esto no basta. Las administraciones funcionan solas porque están los funcionarios que las gestionan. Ahora será el momento de ver quién lleva a cabo una gestión eficiente y quién no… Quién agiliza y facilita la labor a los administrados y quién se queda sin hacer nada y a verlas venir. Ahora es el momento de dejarse de fotos y de ponerse a trabajar y a gestionar de verdad. De momento, todas las iniciativas que está anunciando el Consell d'Eivissa son muy acertadas.
— ¿Sería deseable un acuerdo político a la hora de implantar estas medidas?
—Sería deseable. Estas medidas no son invento nuestro, están implantadas en otras comunidades. Todos esperamos que haya ese consenso y un gran acuerdo.
Y para hacer lo que dice hace falta mucho personal cualificado que no existe. Mi empresa lleva 2 años buscando frigoristas, fontaneros y electricistas cualificados y hemos tenido que contratar fuera incluso pagándoles la vivienda, porque por lo que se cobra aquí y que se pide de vivienda, nadie quiere ni puede venir. Si regulan los alquileres, tal vez sería posible traer a gente cualificada de verdad. Sino, uno utopía lo que dice.