El Consell d’Eivissa lamentó ayer que el Gobierno no haya contestado tras más de un mes a su petición de eliminar la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las entidades locales puedan utilizar el remanente acumulado.
El Consell manifestó el pasado 25 de marzo que consideraba insuficiente la cuota de 300 millones del remanente que liberó el Gobierno a nivel estatal para utilizar en gasto social.
Si bien la medida estatal permitió el uso de 4 millones de euros del Consell, el 20% del superávit de 2019, cabe recordar que los ayuntamientos de la isla y el Consell acumulan 190 millones de euros en el banco que únicamente pueden usarse para inversiones financieramente sostenibles.
Los ayuntamientos de Mahón y Es Castell en Menorca recibieron la semana pasada respuesta a sendas solicitudes respecto a este mismo tema.
A través una carta firmada por el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, se trasladaba a los dos ayuntamientos la «firme disposición del Gobierno de continuar tomando todas aquellas iniciativas que sean necesarias para dar respuesta al impacto económico y social que esta emergencia sanitaria está provocando». Sin embargo el texto en ningún momento contesta a la solicitud planteada.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, manifestó ayer que la petición se había planteado al Gobierno en varias ocasiones y que se estaba negociando con la Federación de Municipios y Provincias.
Petición en el Senado
El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Senado y senador por designación autonómica, José Vicente Marí Bosó, ha presentado una moción para pedir al Gobierno que amplíe los supuestos en que las entidades locales pueden aplicar todo el superávit 2019.
Según ha informado el PP de Ibiza este miércoles en un comunicado, Marí Bosó también reclama en su moción que tanto los gastos como la bonificación de impuestos que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos realicen por la crisis del COVID-19, no computen en términos de déficit estructural.