El Govern balear presentó ayer una batería de medidas encaminadas a afrontar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria y relanzar la actividad económica de las islas. El documento plantea medidas para «agilizar la administración, fomentar la acción social y estimular la inversión», resumió la presidenta del Govern, Francina Armengol.
Las medidas, impulsadas a través de un decreto ley, supondrán movilizar más de 3.500 millones de euros entre 2020 y 2021, lo que equivale al 7,5% del producto interior bruto, y la movilización de 31.000 puestos de trabajo, según estimaciones del Govern.
Este impacto económico y laboral está estimado en 528 millones de euros y 4.600 puestos de trabajo en Ibiza y 28 millones de euros y 250 puestos de trabajo en Formentera.
Las medidas de estímulo económico están principalmente orientadas a tener un impacto directo en la demanda interna a través del sector de la construcción, que se prevé que movilice 2.900 millones de euros.
Entre otras medidas se agilizan los trámites burocráticos en el caso de reformas en suelo urbano que no impliquen ampliaciones a través de la sustitución de la licencia de obra por una declaración responsable. Por otra parte el decreto da la posibilidad a hoteles y establecimientos del sector servicios de ampliar sus instalaciones hasta un 15%, siempre que la ampliación implique mejoras de eficiencia energética o incrementar áreas comunes para garantizar las medidas de distanciamiento.
Armengol recalcó que las medidas serán excepcionales y limitadas en el tiempo hasta 2021
Impulso a la inversión
En cuanto al fomento de la construcción, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, destacó dos elementos: se establece el régimen de declaración responsable para obras de reforma en suelo urbano hasta diciembre de 2021 y se levantan las limitaciones de ejecutar obras en verano que establece la Ley contra la contaminación acústica en 2020 y 2021.
Yllanes aseguró que estas medidas no están orientadas «a permitir un modelo de construcción extensivo que las Islas desterraron ya hace tiempo». Es por ello que recalcó que las reformas permitidas deberán ir vinculadas a mejoras de eficiencia energética y de consumo de agua.
Las reformas en edificaciones existentes en suelo urbano no requerirán la solicitud de licencia previa, únicamente hará falta presentar una declaración responsable. Con esta medida se busca poner en marcha un gran número de obras pendientes de licencia.
Por otro lado el decreto busca movilizar la inversión en construcción del sector turístico permitiendo la ampliación de hasta el 15% en hoteles y establecimientos del sector servicios sin poder crecer en altura ni en plazas disponibles.
La ampliación deberá ir vinculada a mejora de la calidad del establecimiento, mejorar la eficiencia energética y la instalación de puntos de recarga eléctrica en los aparcamientos. La administración deberá comprobar los trabajos y emitir un informe en un plazo máximo de tres meses.
Los establecimiento que opten por realizar estas reformas deberán abonar a la administración municipal del 5% del valor de la reforma.
Esta medida supone la ampliación temporal e incremento del porcentaje de crecimiento permitido por la disposición adicional cuarta de la Ley de Turismo, que permitía hasta este año ampliar un 10% los establecimientos turísticos.
En materia de renovables, se modifica el régimen de evaluación ambiental respecto a campos fotovoltaicos. Los de más de 20 hectáreas estarán sujetas al trámite ordinario, entre 4 y 20 hectáreas el trámite simplificado y los parques de menos de 4 hectáreas no estarán sujetos a evaluación ambiental.
Plásticos de un solo uso
El Decreto aplaza la restricción de la venta de productos de plástico de un solo uso que establece la Ley 8/2019 el mismo tiempo que dure el estado de alarma. La restricción se iniciaba el 1 de enero de 2021, por lo que probablemente se retrase a finales de marzo.
La medida se toma con el objetivo de que las empresas puedan sacar al mercado el stock de esta clase de productos.
Se traslada al 1 de julio la prohibición de distribuir latas y botellas unidas por anillas de plástico
Intrusismo y administración
Para facilitar la lucha contra el intrusismo la ley permite a los inspectores actuar en cualquier área sin que tenga que estar vinculada a la administración a la que pertenecen y se facilitan las inspecciones de incógnito mediante el uso de herramientas digitales.
Por otra parte la consellera de Afers Socials, Fina Santiago, informó de que se implementa una medida para flexibilizar las plantillas de la administración. El Govern podrá mover el personal a un departamento u otro, según las necesidades de gestión y tramitación de procedimientos.
«Debemos tener flexibilidad con nuestro personal para poder cubrir las demandas de la ciudadanía» señaló Santiago.
También se simplifica el proceso de subvenciones hasta el 31 de mayo de 2021, reduciendo la tramitación y aprobación de determinadas subvenciones de ámbito autonómico, consells y ayuntamientos.
EL APUNTE
El dinero de proyectos no ejecutados de la ecotasa podrá destinarse a la crisis
Los fondos que estaban previstos para proyectos que no se hayan ejecutado financiados con fondos recaudados por el Impuestos de Turismo Sostenible podrán destinarse a las finalidades que desde el Govern se consideren necesarias a los efectos de paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. El Consell de Govern está autorizado a analizar caso por caso y tomar las medidas que considere oportunas para potenciar la recuperación económica en la comunidad autónoma, en forma de proyectos o de líneas de gasto o inversión.
Los turistas que lleguen los próximos meses a las Islas seguirán estando obligados a pagar la ecotasa, sin embargo, en el ejercicio 2020 se suprime el ingreso a cuenta en el régimen de estimación objetiva del impuesto de turismo sostenible «con el objetivo de que los establecimientos no tengan que pagar por turistas que no han recibido», explicó el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes.
En otro género de medidas de incentivo fiscal de la actividad, se reduce al 50% las tasas portuarias para favorecer la continuidad de los servicios de transporte de mercancías y para ayudar a los pequeños empresarios asociados a la actividad portuaria.