«Hay cuestiones positivas, en otras se han quedado muy cortos, y también hay medidas con las que no estamos de acuerdo». Así resumen desde el Colegio de Arquitectos de Ibiza el Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 aprobado por el Govern.
A través de su presidente, Iván Torres, explicaron su parecer sobre un documento que no les termina de convencer: «Todavía estamos acabando de digerir el decreto, estamos estudiándolo porque hay algunas partes que pueden llegar a la interpretación porque no están clarificadas del todo».
En ese sentido, Torres señaló que están de acuerdo con el objetivo de este paquete de normas: «El objeto es ofrecer medidas urgentes para paliar los efectos económicos que puede provocar esta crisis del coronavirus. Es importante la idea de eliminar trabas administrativas. Eso, como concepto nos parece bien. Es algo que demandamos desde hace tiempo porque la administración está incumpliendo en el 100 % de los casos, porque ningún expediente logra conseguir licencia en lo que establece la ley que son tres meses».
El pero está en la falta de profundidad y la temporalidad: «El título expone su intención de agilizar trámites, pero creo que no profundiza. Todo esto a largo plazo sería más interesante que un decreto temporal que no solucionará los problemas en su base».
Declaración responsable
Tampoco les termina de convencer la herramienta de la declaración responsable. «Nos ofrece las dudas de si se puede aplicar de esta manera. En cualquier caso, como concepto nos parece que en obras muy concretas como las edificaciones que fuesen completamente legales y en las que no hubiese ninguna modificación, entendemos que estas se podían hacer por declaración responsable siempre y cuando no hubiese ningún implemento de los parámetros urbanísticos».
En ese sentido, piensan que dejar al promotor como responsable es una especie de parche y echan en falta otras medidas que ayudasen a agilizar los trámites. «Tenemos una administración que es incapaz de cumplir las leyes que ellos mismos aprueban. Si un ciudadano no cumple le cae el peso de la ley, pero en el caso de la administración hay otra vara de medir. No hay consecuencias. Luego se necesitan estos Decreto-Ley con medidas controvertidas y rechazadas por gran parte de la sociedad. Es muy preocupante».
«Que la administración tenga que poner la responsabilidad en el promotor es algo desesperanzador. Al final, estas medidas excepcionales vienen porque no son capaces de cumplir lo que dice la ley», criticó.
Hambre para mañana
Siguiendo con sus argumentos, aseguró: «Yo creo que el decreto se queda corto. Esto no va agilizar. Se va a saltar unos procedimientos, pero eso no producirá que la administración sea más eficiente. Simplemente se presentarán proyectos nuevos aprovechando esta norma, pero cuando se acabe esto volveremos a lo mismo y seguiremos con los mismos retrasos». «Se requiere una refundación de la burocracia administrativa en el campo urbanístico porque es evidente que no funciona. Damos una sensación a la inversión de fuera de ser un país poco moderno», advirtió.
«Los políticos deberían entender la situación actual de las administraciones y buscar otra manera de hacer las cosas. No funcionamos. Se multiplica por 10 el tiempo de la concesión de una licencia. Acabamos con una declaración responsable en la que la administración renuncia a su responsabilidad. Es como darse por vencido y salir por la tangente», lamentó.
Falta de negociación
Además, Torres piensa que no se han aprovechado una buena serie de normas: «El Consell d'Eivissa había hecho unas propuestas muy concretas. Algunas de esas medidas sí que pueden aparecer de manera trasversal en el documento, pero no completamente. Es una lástima que no se haya tenido en cuenta de una manera más concreta las peticiones de Ibiza. Primero, porque estaba pactado con todas las fuerzas políticas y trataba de dar una salida a aquellas viviendas que estuviesen en una situación inadecuada. Era un buen momento para que estas viviendas pudiesen mejorar su eficiencia energética, fosas sépticas, ahorro de agua... Garantizar que estas viviendas se actualicen al año y a la ley en la que estamos». «Además, todo esto hubiese generado mucha más economía», apuntó.
Lamentó la falta de diálogo entre las instituciones: «El texto del Consell no era para coger todas las propuestas a pie juntillas, pero sí para discutirlas. Yo te hago un propuesta porque hay un problema. Si no estás de acuerdo con mi propuesta, discutamos para solucionar este problema. Eso es lo que se espera de la política».
Por último, aunque se muestra de acuerdo con algunas medidas como la incentivación para las reformas de los hoteles, piensa que «el abanico se ha quedado corto». «Durante los próximos meses a la economía balear le va a faltar la pata del turismo y creemos que la construcción es la que debe suplantar esta falta de actividad», concluyó.
EL APUNTE
Pensando en la ciudad del futuro
Desde el Colegio de Arquitectos de Ibiza piensan que se está dejando pasar una oportunidad para empezar a sentar las bases de la «ciudad del futuro». Su presidente Iván Torres cree que es un buen momento para pensar en «iniciativas que permitiesen adaptar los edificios existentes al futuro como por ejemplo zonas ajardinadas en las azoteas». También señala que esta pandemia ha dejado claro que los espacios públicos están demasiado concurridos. «Quizás haya que pensar en más zonas verdes con más espacio público y buscando un mayor distanciamiento social. Buscar que unas aceras vayan en una dirección y las del otro lado de la calle en la otra. También se puede hacer algo parecido con las calles. Es decir, hacer un rediseño urbano para reducir el contagio», argumentó. Además, ve una oportunidad para potenciar hábitos saludables como la movilidad en bicicleta dentro de las ciudades.